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Valparaíso | 30/04/2008 | Departamento de Prensa |  Boletín Nº 5.044-01

Rechazan proyecto que obligaba a pagar multas por falsificación de información entregada al SAG

Comisión Mixta integrada por senadores y diputados de las respectivas Comisiones de Agricultura acordaron informar negativamente la iniciativa que entregaba nuevas facultades al Servicio Agrícola y Ganadero.

Con un categórico rechazo concluyó la tramitación del proyecto que hacía obligatorio el pago de multas por falsificación de información entregada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). De esta forma el Senado ratificó el informe de la Comisión Mixta integrada por senadores y diputados de las respectivas Comisiones de Agricultura que proponía rechazar la idea de legislar de esta iniciativa por contener vicios de constitucionalidad y carecer de aplicación práctica.

 

 

Cabe recordar que, el Ejecutivo se comprometió a enviar otro proyecto que permita implementar un sistema que haga exigible el pago de las multas por medios más expeditos para que quienes infrinjan las normas de protección al patrimonio fitozoosanitario del país y deban cancelar multas se les exija el cumplimiento de las mismas a través de un convenio con la Tesorería General de la República o con la Policía de Investigaciones.

 

Ello, porque el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no tiene facultades para impedir que una persona ingrese o salga del país y tampoco puede exigir el pago de la multa en lugares que no sean el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

 

La iniciativa rechazada tuvo su origen en una moción de un grupo de diputados y apuntaba a mejorar la revisión que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, en los controles fronterizos, de los productos de origen vegetal o animal que ingresan al país así como a aumentar las sanciones aplicables a los infractores de la normativa legal vigente.

 

Establecía que el pago de la multa o su consignación, era obligatorio para abandonar el control fronterizo e ingresar al resto del país, salvo que en aquel lugar no existan las posibilidades técnicas para obtener los recursos necesarios, ya que ahí se entregaba al infractor un plazo de dos días hábiles para efectuar el pago.

 

Estas disposiciones fueron consideradas “inoperantes e inconstitucionales”, por algunos senadores ya que, en la práctica, el Servicio Agrícola y Ganadero no tiene posibilidades de dar cumplimiento a una norma de este tipo porque los inspectores practican la revisión a los equipajes una vez que las personas han pasado los controles migratorios.

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