Una serie de disposiciones tendientes a aumentar la contribución de las comunidades en las declaraciones de impacto ambiental y a permitir la impugnación de los estudios hechos por las empresas, quiere incorporar el senador Carlos Ominami al proyecto que aumenta la participación ciudadana en tales procesos.

 

La iniciativa, que cumple su primer trámite, fue aprobada en general por la Sala del Senado y se remitió a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio en particular, fijándose el 12 de mayo como plazo para presentarle indicaciones.

 

Según el parlamentario “muchas veces se aprueban estudios o declaraciones de impacto ambiental sin siquiera consultar una opinión formal al concejo municipal correspondiente”, por lo que pidió incorporar un trámite que disponga la notificación del concejo comunal correspondiente respecto de los alcances del proyecto que se ejecutará.

 

“Debe incorporarse como requisito de las declaraciones de impacto ambiental un acta que dé cuenta de haber puesto el proyecto en conocimiento del concejo municipal de la comuna donde se realizará. Muchas veces no se consulta a esa entidad y creo que eso no es correcto, pues finalmente será la comuna donde se radique un determinado proyecto la que va a experimentar los costos que este implique”, advirtió el parlamentario.
TRANSPARENTAR INFORMACIÓN

 

Asimismo, el senador Ominami señaló que es necesario que en eventos de alto impacto ambiental, no exista la posibilidad de mantener reserva de los antecedentes técnicos y financieros de un proyecto determinado.

 

“Implicaría un gran avance determinar las circunstancias en que no sea pertinente mantener dichos antecedentes ajenos al conocimiento de la población. Si queremos avanzar en transparencia debemos hacer un esfuerzo para que el mayor número de antecedentes estén a disposición de la comunidad”, sentenció.

 

Agregó que también sería conveniente que los representantes de las organizaciones comunitarias y las personas naturales afectadas, cuyas observaciones a un proyecto no hubieran sido consideradas por la autoridad ambiental, puedan acudir al tribunal correspondiente, sustrayendo el tema de la órbita netamente administrativa.

 

“Ello da a la comunidad mayores posibilidades de defenderse de proyectos que pueden ser ambientalmente muy negativos”, comentó.

 

Por otra parte, el senador propuso crear un mecanismo para que la comunidad afectada pueda impugnar los estudios hechos por una empresa y que estos sean sometidos a la consideración de la autoridad ambiental en un plano de igualdad.

 

“La forma cómo se relaciona la población respecto de las empresas es completamente asimétrica, desigual. Y, desde ese punto de vista, la participación ciudadana tiene mucho de ficticio y de ilusorio”, advirtió.

 

Por lo mismo, planteó incorporar en los procesos de evaluación de los estudios o de declaraciones de impacto ambiental, la participación de un representante de la comunidad afectada por el proyecto, ya sean dirigentes de juntas de vecinos, de corporaciones o del gobierno local.

 

Finalmente, manifestó que es aconsejable otorgar mayores recursos a la Unidad de Educación Ambiental para orientarlos a la creación de políticas y programas de educación ambiental, a fin de que la comunidad no solo intervenga en los procesos, sino que alcance una participación informada y de calidad para hacer valer sus inquietudes de mejor manera.

 

“Más que una modificación legal, el planteamiento anterior es una petición al Ejecutivo para que la participación ciudadana consagrada en la legislación ambiental, no sea una cuestión puramente formal”, puntualizó.