Cumpliendo con el acuerdo de seguridad nacional alcanzado entre los representantes de las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso, el Senado aprobó en forma unánime el proyecto de reforma constitucional que obliga al Estado a prestar defensa penal y asesoría jurídica a las víctimas de delitos.

 

 

Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados para cumplir su segundo trámite.

 

 

Esta reforma fue presentada por los senadores Andrés Allamand, Alberto Espina, José García, Baldo Prokurica y Sergio Romero, y en lo fundamental incorpora a la Carta Fundamental una disposición que dispone que “la ley señalará los casos y establecerá la forma en que se otorgará asesoramiento y defensa jurídica a las personas naturales víctimas de delitos que no puedan procurársela por sí mismas”.

 

 

Con la aprobación de esta enmienda se posibilita que, a través de una ley, se pueda disponer una suerte de Defensoría para las víctimas.

 

 

Según el senador Romero, esta iniciativa “permitirá corregir un desequilibrio del actual sistema procesal penal, en la forma de proteger y asegurar los derechos de las víctimas de delitos, versus la condición del imputado en un proceso penal”.

 

 

Agregó que desde la implementación del nuevo sistema procesal ha quedado en evidencia algunas desigualdades que es necesario corregir.

 

 

“El Ministerio Público no representa los derechos del afectado, pues sólo está obligado a brindarle protección; misma obligación pesa sobre los Jueces de Garantía y la Policía”, precisó el parlamentario.

 

 

MATERIALIZACIÓN

 

En tanto, el Ministro de Justicia Carlos Maldonado valoró la aprobación de la iniciativa y recordó que el Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apunta a darle sustento práctico a la reforma constitucional presentada por los senadores.

 

“La semana pasada ingresamos un proyecto de ley que crea un Fondo para llevar a la práctica esta garantía constitucional que están aprobando. Ese Fondo será para la representación legal de víctimas de delitos graves y va a operar con un consejo técnico que va a determinar en qué casos se justifica otorgar esa representación legal, que son casos de delito de especial gravedad o casos en que haya diferencias sustanciales entre la víctima y el fiscal a cargo de la investigación”, explicó el secretario de Estado.

 

Lo importante es que a partir de la publicación de esta norma, las víctimas que hoy día no tienen representación jurídica, cuando se querellen van a tener un abogado que va a poder accionar contra el delincuente que actuó contra su persona.