Con plazo para realizar indicaciones hasta el 4 de agosto próximo, es decir de 90 días quedó el proyecto, en primer trámite, que crea un marco legal para proteger los intereses de los pequeños deudores en situación de remate de sus bienes. Ello, luego de que el Senado aprobara por unanimidad la iniciativa que tuvo su origen en una moción del senador Guillermo Vásquez.

 

El amplio plazo para realizar indicaciones fue expresamente solicitado por la Comisión de Economía, en atención  a que se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Cámara de Diputados el denominado “estatuto pyme” que también contempla normas para solucionar la situación de las pymes que enfrenten ciclos económicos lentos.

 

El senador Guillermo Vásquez, precisó que “esta iniciativa implementará un procedimiento sencillo de convenios porque en la actualidad, por sus costos y métodos está dirigido a la gran empresa, y no otorga los incentivos necesarios para evitar el conflicto final, es decir, la quiebra”.

 

Asimismo explicó que “en atención a que el estatuto pyme se presentó en forma posterior a esta moción se sugirió dar un plazo amplio de indicaciones para que ambos proyectos estén en el Senado y poder así estudiar detenidamente la mejor fórmula evitando complejizar la legislación”.
A modo de ejemplo, el senador Vásquez afirmó que “con la actual legislación, los costos básicos de un convenio que considere activos de 2.000 UF, es decir unos $40 millones, alcanzan a los 3 millones 900 mil pesos, incluyendo publicaciones, honorarios del síndico o experto facilitador, del auditor autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, del interventor designado por el tribunal y del abogado patrocinante del convenio concursal.

 

Sostuvo que “esta es una cifra altísima para pequeños deudores o para pequeñas y medianas empresas”. A esto hay que agregar que “la legislación actual en materia de convenios no otorga incentivos para evitar la quiebra ya que los beneficios para ciertos acreedores, se dan con mayor ventaja en el escenario  de la quiebra y no del convenio”.

 

Por estas consideraciones, el legislador puntualizó que el proyecto propone enfrentar el conflicto dentro de un marco económico social que permita la recuperación y reconversión del pequeño deudor, entendido como cualquier microempresario o persona natural cuyas deudas totalicen el equivalente a 2.000 UF, es decir unos $40 millones; o bien para la pequeña y mediana empresa cuyan ventas anuales no superen las 100.000 UF.