Resuelto el conflicto entre los trabajadores subcontratistas y CODELCO, surge como una primera conclusión la necesidad de emprender prontamente el perfeccionamiento de la ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación y el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios.
En efecto, no solamente se han revelado los vacíos evidentes que esa ley tiene para los efectos de su aplicación concreta en cada empresa que hace uso de esta modalidad de contratación, sino que también porque ella no contiene una definición adecuada del concepto de empresa posibilitando abusos empresariales especialmente del sector del retail.
Es más, no todos los trabajadores subcontratados tienen la capacidad organizativa que han demostrado los trabajadores agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre que dirige Cristian Cuevas y que les ha permitido hacer respetar sus derechos y la aplicación justa de la referida ley.
Del mismo modo, ha quedado en evidencia luego del conflicto referido, que el diálogo es una herramienta eficaz y constructiva para resolver las divergencias que se dan en las relaciones laborales. Mantener posiciones cerradas e irreductibles por las partes en desacuerdo muchas veces causa más daño que beneficios a la resolución de los problemas.
Efectivamente, la mantención de una lógica que hacía a CODELCO sostener que se habían cumplido todas las cláusulas del acuerdo arribado en agosto de 2007 y por otra, aquella sustentada por la CTC que señalaba que a lo menos en tres áreas vitales como son los temas de vivienda, salud y educación los acuerdos no se habían cumplido cabalmente, llevaba al conflicto a un camino sin retorno, sin posibilidades de arreglo.
Felizmente, la intervención del Gobierno a través de los Ministros de Interior y del Trabajo y Previsión Social, más la decidida participación del Presidente de la CUT, junto a aquellos senadores que colaboramos con nuestros buenos oficios, ha permitido poner fin a este conflicto que se prolongó por más de veinte días y que mantuvo paralizada a la principal empresa estatal del país con las consiguientes pérdidas para el erario nacional.
Sin embargo, debemos aprender de lo ocurrido, sacar las lecciones del caso y esperar que en el acuerdo alcanzado se establezcan procedimientos que aseguren el seguimiento de los compromisos alcanzados y se creen mecanismos eficaces de resolución de controversias que impidan el surgimiento de nuevos litigios y el uso de las amenazas de paralización de faenas como una forma de obtener el cumplimiento de lo pactado.
