La definición y el alcance de las conductas atentatorias de la libre competencia precisarán los integrantes de la Comisión de Economía en el marco del análisis de las 44 indicaciones que recibió el proyecto, en segundo trámite, que entrega lineamientos más específicos a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que adecua las disposiciones procedimentales que han sido evaluadas como obstáculos o imperfecciones que afectan su gestión o la eficiencia en la dictación de sus resoluciones.

 

Así lo afirmó el senador Guillermo Vásquez, presidente de la instancia quien explicó que uno de los puntos más complejos es “determinar con mayor certeza las conductas que deben ser sancionadas como competencia desleal y los mecanismos que permitan acreditar acuerdos o concertaciones de precios o, de control de personas o mercados, con el fin de obtener mejores precios o condiciones de negociación”.

 

El legislador manifestó que existe una discusión en la Comisión sobre “si es conveniente o no ampliar la definición de las conductas atentatorias de la libre competencia y, por lo tanto, acordamos que la Fiscalía Nacional Económica propondrá una fórmula que pueda conjugar las distintas visiones sobre este tema”.

 

Por otra parte, el senador Vásquez puntualizó que el proyecto propone aumentar las facultades de la Fiscalía Nacional Económica debido a “una serie de efectos negativos que se han ido detectando pese a las continuas reformas que han sufrido esta ley”.
 
Añadió que otro aspecto importante de la iniciativa es otorgar una mayor especialización al Tribunal de la Libre Competencia y que los ministros tengan más dedicación. De este modo, “se compatibiliza de mejor manera el ejercicio profesional particular de los ministros con el ejercicio de la jurisdicción de la libre competencia. Ello, por la serie de distorsiones que se producen en un círculo que es bastante pequeño debido a que son pocos los abogados los que se dedican a estas materias”.

 

Por lo tanto, el parlamentario aclaró que “esto se traduce en dar dedicación exclusiva a los ministros del Tribunal de la Libre Competencia; aumentar sus remuneraciones, reducir el número de abogados suplentes y configurar un mejor tribunal”.

 

Puntualizó que se trata de que “exista una mayor separación entre lo que es la actividad propia del tribunal con la actividad profesional de quienes integran esta instancia porque permitir con tanta libertad el ejercicio profesional y ser a la vez, integrante del tribunal, lo coloca en una posición predominante frente a las negociaciones que puedan estar haciendo en lo particular”.
  
En lo fundamental, el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para dotar de mayor independencia a sus integrantes; adecuar aquellas disposiciones procedimentales que afectan su gestión o la eficiencia en la dictación de sus resoluciones, y fortalecer las atribuciones que debe tener la Fiscalía Nacional Económica, como órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los mercados.