Su total disposición a colaborar con la labor que realiza la ONG Víctimas de la Delincuencia manifestó el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, al recibir al líder del movimiento, Gonzalo Fuenzalida, en su despacho en el Congreso Nacional en Valparaíso.

 

En la cita, el titular de la Cámara Alta expresó su reconocimiento al quehacer de la organización dedicada a coordinar la participación ciudadana ante la delincuencia y promover mayor seguridad ciudadana, reparación y apoyo psicosocial y legal a las víctimas de delitos.

 

Gonzalo Fuenzalida explicó al senador que la ONG cuenta con dos centros de atención a víctimas en las comunas de Recoleta y Puente Alto, a los que se sumarán próximamente Peñalolén y Las Condes. En este sentido, manifestó la importancia de contar con el respaldo de personalidades más allá de sus intereses políticos y explicó al legislador el interés de la institución por participar activamente en el debate público sobre el tema de la seguridad ciudadana. “Creemos que existen iniciativas, como la creación de una Defensoría para las víctimas, que pueden mejorar y ofrecer una reparación efectiva a los afectados”, precisó Fuenzalida.

 

A su vez, el Presidente del Senado enfatizó que este problema “tiene sus raíces más profundas en temas no resueltos en Chile, como las enormes diferencias socioeconómicas, la falta de oportunidades de muchos chilenos, la necesidad de una verdadera reinserción de quienes han cometido delitos, entre otros”.

 

Por ello, alentó a la ONG a renovar sus esfuerzos por difundir las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana. “Puedes hacer mucho, porque has sido capaz de enfrentar el tema superando el impacto personal y familiar, con una enorme entereza”, dijo Zaldívar al Presidente de Víctimas de la Delincuencia, recordando que la ONG se creó precisamente luego que Fuenzalida viviera el drama de ser asaltado violentamente - junto a su familia - en su propia casa.

 

El Senado ya aprobó por unanimidad el proyecto sobre una Defensoría de Víctimas, reforma constitucional que obligará al Estado a prestar defensa penal y asesoría jurídica gratuitas a los afectados. Paralelamente, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley que crea un Fondo para llevar a la práctica esta garantía constitucional. Dicho fondo permitirá la representación legal de víctimas de delitos graves y operará a través de un consejo técnico que evaluará cada caso para el otorgamiento de representación. A juicio de Gonzalo Fuenzalida, esta fórmula podría demorar innecesariamente las soluciones para las víctimas en lugar de brindarles la reparación y apoyo que esperan especialmente cuando han vivido el drama de un delito grave.