Con el propósito de que las medidas cautelares que se dictan al inicio de las causas por violencia intrafamiliar, sigan vigentes por lo menos un año desde que se realizó la última diligencia en el tribunal, la Comisión Mixta de Constitución aprobó una disposición que permite que las causas que no han tenido movimiento sean derivadas al archivo provisional al año y no como sucede actualmente a los 6 meses.

 

Esto en el marco del análisis del proyecto que aumenta el número de Tribunales de Familia y perfecciona una serie de procedimientos, iniciativa que tuvo que ser analizada por una Comisión Mixta de diputados y senadores, para zanjar las diferencias que surgieron entre ambas corporaciones.

 

La instancia que presidió el senador José Antonio Gómez, terminó con el estudio del proyecto, por lo que quedó en condiciones de ser votado por la Sala.
 
Según explicó el parlamentario, en total fueron siete las materias en las que hubo diferencias, una de las cuales decía relación con el número de jueces en la región Metropolitana.

 

“Aprobamos la cantidad de jueces que estaban establecidos para la Región Metropolitana, pero con la salvedad de que acordamos enviar un oficio al Ejecutivo para los efectos de que en aquellos casos en que hay menos personal del que establece la estructura de los Tribunales de Familia, se le incorporen”, señaló el senador.

 

AMPLÍAN VIGENCIA

 

Una de las materias en las que hubo diferencias entre ambas corporaciones era la relativa al período después del cual se enviaban las causas al archivo provisional. Actualmente ello ocurre a los seis meses desde que se ha realizado la última diligencia judicial, lo que viene acompañado del cese de las medidas cautelares.

 

Por ello, se quiso ampliar ese plazo a un año, lo que implica que las medidas cautelares dictadas al principio de la denuncia van a durar a lo menos un año, lo que es importante para “facilitar” la vida a las o los denunciantes que por uno u otro motivo no continuaron con la demanda.

 

Otra de las discrepancias decían relación con la mediación puesto que la Cámara de Diputados consideraba que las normas establecidas en la ley no cumplían con algunos requisitos que consideraban necesarios, pues estimaban que habían ciertos formalismos que implicaban un funcionamiento más lento del sistema.

 

Asimismo, se discutió una de las disposiciones que considera un cambio importante respecto de la ley vigente, que es la necesidad de que las causas tengan que contar con la presencia de un abogado. Mientras la Cámara era partidaria de que se mantuviera la actual legislación, el Senado optó por establecer la presencia de un profesional, criterio que primó.

 

Otra tema que se zanjó fue el de incluir a la Duodécima Región, zona que se había omitido, en la gradualidad de la entrada en vigencia del sistema de mediación.