El gobierno ha enviado recientemente al Congreso Nacional una indicación al proyecto de ley que modifica la ley número 19.884, sobre transparencia, límite y control de los gastos electorales y establece normas sobre intervención electoral, mediante la cual propone un mecanismo de financiamiento público para los partidos políticos.

La propuesta señala que el fisco contribuirá al financiamiento de los partidos políticos legalmente constituidos, mediante el otorgamiento de un aporte anual equivalente, en pesos, a 25 milésimas de unidad de fomento por cada voto obtenido a nivel nacional en la última elección de concejales del partido respectivo.

Los partidos podrán utilizar estos dineros en gastos fijos de carácter operacional, tales como, costos de administración incluidas las remuneraciones del personal que se desempeñe en el partido, consumo de servicios básicos, adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la mantención de éstos y en actividades vinculadas a los fines que, de conformidad a la ley, le son propios, tales como la formación cívica de los ciudadanos, en especial de sus militantes; y la elaboración de estudios que apoyen la labor parlamentaria y el diseño de políticas públicas.

Esta propuesta viene, en definitiva, a profundizar un mal que este Gobierno tiene en los diversos temas que enfrenta, y en especial en el de reformas políticas.

Nuestro país ha sido testigo de cómo la Concertación en general, y el gobierno en particular, han denunciado los vicios de nuestro sistema democrático, se nos ha dicho que es excluyente, que no respeta a las minorías, que nuestra democracia es pobre en cuanto a la posibilidad de ejercer y canalizar los derechos ciudadanos, que es autoritaria, entre otros.

Por otro lado, sabemos que hoy en día la política atraviesa una de sus mayores crisis de confiabilidad y de representación, y dentro de esa crisis la falta de representatividad de los partidos políticos actualmente existentes es uno de los grandes responsables.

En Chile, las encuestas han sido claras, la mayoría de las personas no se siente representada por el actual esquema político y se siente en su mayoría independiente a los bloques políticos existentes.

Y en respuesta a esto, ¿que hace el gobierno en la practica? Envía un proyecto de ley para destinar fondos públicos única y exclusivamente para el financiamiento de los actuales partidos políticos, profundizando con esto una vida política y democrática que sólo se podrá continuar desarrollando a través de los actuales partidos que, como ya sabemos, representan en su ideario a menos del 10 por ciento de la población.

¿Deseamos que nuestra vida en comunidad nacional siga monopolizada exclusivamente por los partidos políticos actuales, o deseamos que los canales de participación tengan una ampliación y una renovación que responda a las necesidades y realidades de los chilenos de hoy en día?

Todos somos testigos de cómo la clase política se aleja cada vez más de la realidad y me parece del todo inapropiado financiar a los partidos políticos, más aún cuando ya existe un financiamiento a los partidos en campaña y cuando las carencias del país son cuantiosas. Desde ya anuncio mi total rechazo a una medida como la que nos han presentado.