Un plazo de dos años para trasladar los cables de tendido eléctrico que se encuentren en altura a una red subterránea, propone el senador Juan Pablo Letelier en una moción que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°1 del Ministerio de Economía, que regula las concesiones y servidumbres de los servicios eléctricos.

 

La iniciativa, que fue derivada a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis, apunta a mejorar el entorno urbano y a evitar accidentes derivados de la falta de mantención de postes y tendido eléctrico.

 

Para ello, propone que en las ciudades de más de 50 mil habitantes, las empresas que tienen sistemas de postes y redes de cable, los trasladen a espacios subterráneos dentro de un plazo de dos años a contar de la fecha de publicación de la ley.

 

Aquellas firmas que no trasladen sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, estarán obligadas al pago anual de una multa que fluctuará entre las mil y 5 mil UTM, es decir, entre $35 millones y $175 millones, que irán en beneficio municipal.

 

Según explica el parlamentario en los fundamentos de su iniciativa, con esto “se pretende sancionar directa o indirectamente a las empresas que utilizan a Bienes Nacionales de uso público sin cancelar costo alguno, y despejarlos de los sistemas de postes y redes de cables”.

 

MEJORAR CALIDAD DE VIDA

 

El senador Letelier recordó que la constante instalación de postes y extensión de sistema de cables afecta considerablemente la calidad de vida de los habitantes de los grandes centros urbanos, principalmente por la incomodidad que genera, la falta de mantenimiento en que se encuentran estos sistemas de conexión de cables, y el peligro que irrogan a las personas.  

 

“Creemos necesario establecer un mecanismo efectivo para que todas las empresas que utilizan sistemas de postes y redes de cables, dentro de un plazo razonable, a su propio costo, trasladen toda la infraestructura a espacios subterráneos”, advirtió.

 

Agregó que también se apunta a establecer algún tipo de obligación para las empresas que no se acojan a trasladar sus sistemas de postes y redes de cables y que continúen ocupando ininterrumpidamente bienes nacionales de uso público, tales como calles y plazas, independientes de la función que realicen o el giro que tengan.

 

“Al establecer una obligación o contraprestación a las empresas que generan utilidades y ocupan calles y plazas, a través de postes y la extensión de redes de cables, se  estaría instaurando un sistema equitativo respecto de cualquier otro tipo de empresa y respecto de cualquier habitante de la República, en el sentido, de que la empresa que utilice bienes que no corresponden a su propiedad deban cumplir ciertas obligaciones, sin tener en consideración el rubro que explotan”, sentenció el legislador.