Una mayor seguridad en el trabajo del campo y en la aplicación de productos tóxicos como pesticidas o plaguicidas que se utilizan en la agricultura, establece el proyecto en segundo trámite, que dispone normas para la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios.

 

Ello, luego de que la Comisión de Agricultura despachara en general y particular la iniciativa originada en una moción de diputados con algunas precisiones al texto legal. De este modo, el proyecto quedó en condiciones de ser analizado por la Comisión de Trabajo antes de ser votado por la Sala del Senado.

 

Así lo afirmó el senador Guillermo Vásquez, integrante de la instancia quien explicó que “las principales discrepancias estaban radicadas en la forma de realizar la fiscalización; las sanciones y las facultades de denuncia porque podrían constituirse en elementos maliciosos”.

 

Por ejemplo, indicó que “en el caso de destrucción de un producto podría alterarse el derecho de propiedad y eso quedó regulado. Por eso se mejoraron aquellos aspectos que eran más discutidos constitucionalmente y se ajustaron a la norma superior”.

 

La idea –dijo el legislador- “es evitar el mal uso de estos productos y que  sean coherentes con las actuales necesidades del agro”.

 

En lo fundamental el proyecto tiene por objeto aumentar y mejorar las exigencias de rotulado de envases de plaguicidas, aumentando el acceso de la población a la información mínima para el correcto uso del producto.

 

Asimismo determina la forma en que los establecimientos no especializados, pero aptos para la venta de plaguicidas, deben ubicar dichos productos, esto es, en zonas separadas totalmente de las que contienen alimentos.

 

Por otra parte, aumenta y perfecciona el control en el uso de los plaguicidas, incorporando la situación de los trabajadores agrícolas que ingresan a laborar en predios o sectores que han sido objeto de tratamiento con plaguicidas.

 

De este modo, se establece expresamente que el asperjado aéreo –de plaguicidas- queda restringido a situaciones de emergencia, dejando en manos de un reglamento del Servicio Agrícola y Ganadero su regulación. Además se aumenta la rigurosidad que requiere el uso o manipulación de productos fitosanitarios y se sancionan las denuncias infundadas.