Inyectar más recursos para implementar con mayor eficiencia la ley de responsabilidad penal adolescente que lleva un año de aplicación, solicitó el presidente de la Comisión de Constitución, senador José Antonio Gómez, tras advertir que no está “disponible” para aprobar proyectos de ley que no cuenten con los recursos necesarios para su correcta aplicación.

 

El parlamentario explicó que tanto los representantes de Gendarmería de Chile como del Servicio Nacional de Menores, Sename, le plantearon a la Comisión la necesidad de contar con más recursos y personal especializado. Esto, en el marco de la discusión del proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley sobre responsabilidad penal adolescente, que entre otras medidas, propone que personal de gendarmería se incorpore a tareas de vigilancia de los menores.

 

“Esperamos que el Ejecutivo nos haga una propuesta en la que efectivamente se cumpla con el objetivo de tener un mayor control al interior de los recintos pero con personal especializado y que realmente puedan ser destinados a esos fines sin descuidar otras labores. Los propios gendarmes señalaron que en las actuales condiciones era difícil cumplir con esas labores”, manifestó el legislador.

 

El parlamentario reconoce que la problemática del sector es compleja, pero estima que no se puede aseverar que el sistema colapsó o que no tiene solución.

 

En tal sentido, señaló que “el sistema requiere de mucha más inversión, más precisión en el ámbito de la rehabilitación y reinserción, pero eso se hace de la manera en que se está abordando que es incorporándole recursos. Quizás hay que hacerlo con mayor velocidad y por eso que es importante que el Ejecutivo entienda que para aprobar las normas sin recursos, por lo menos yo no estoy disponible”.

 

PROPUESTA LEGISLATIVA

De acuerdo a los antecedentes entregados pro Gendarmería son alrededor de 600 los funcionarios que se requerirían para incorporarse a la función de vigilancia de los menores. Todos ellos, además de necesitar los equipos e indumentarias correspondientes, deberían contar con formación especial y capacitación para tratar con adolescentes en situación de riesgo.

 

Cabe recordar que el proyecto que está estudiando la Comisión de Constitución modifica el rol de Gendarmería al permitir la presencia de gendarmes, no armados, al interior de los centros de reclusión de adolescentes, a objeto de mantener el control, vigilancia y custodia de los jóvenes.

 

Actualmente la ley permite la existencia de una guardia armada a cargo de Gendarmería de Chile, de carácter externo, para garantizar la seguridad y permanencia de los infractores en los centros cerrados de privación de libertad y en los de internación provisoria.

 

Con dicha modificación se busca resguarda la seguridad de los adolescentes internos y de los funcionarios al interior de los centros, garantizando el adecuado, normal y pacífico funcionamiento de esos establecimientos, sin perjuicio de las actuales funciones de colaboración en la prevención y contención de conflictos por parte de Gendarmería.

La iniciativa también contempla una serie de medidas tendientes a dar mayor seguridad a los adolescentes que se encuentren sometidos a medidas cautelares especiales y privativas de libertad, entre ellas, permitirles acceder a un tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, como condición especial para la suspensión condicional de procedimiento.

 

El objetivo central de esa medida es evitar los efectos inherentes al proceso penal y a la eventual imposición de una condena privativa de libertad, entregándole al joven imputado la posibilidad de efectuar oportunamente un tratamiento médico orientado a superar las adicciones.

 

Esto podrá aplicarse respecto de cualquier delito por el que el  adolescente haya sido imputado, salvo cuando se trate de aquellos que tienen una especial connotación social como el homicidio, violación u otros de similar gravedad.