Con la firma de los 16 senadores de la Alianza, los abogados patrocinantes Axel Buchheister y Hedy Matthei, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de objetar el préstamo de US$400 millones que el ministro de Transportes, René Cortázar, solicitó al Banco Interamericano del Desarrollo (BID) para financiar el déficit del Transantiago.
El texto de 85 páginas fue respaldado por los senadores Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica y Sergio Romero.
En lo fundamental, el requerimiento apunta a que el TC declare la inconstitucionalidad de los Decretos Supremos números 45 y 46 del Ministerio de Transportes, en el que se aprueban las condiciones de endeudamiento de la cuenta especial de reembolso al Fisco por las deudas derivadas de aportes anteriores del Transantiago.
También buscan impugnar el Decreto Supremo N° 583 de Hacienda que extendió el monto a comprometer en garantías por operaciones crediticias de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.
Esta es la segunda vez que la Alianza presenta un requerimiento de este tipo. La primera vez fue en enero de este año, oportunidad en la que cuestionaron el préstamo de US$160 millones que el BancoEstado hizo al plan de transporte capitalino.
Si bien dicha queja no prosperó, los senadores consideraron válido recurrir nuevamente ante el TC, pues en su opinión este tipo de préstamos constituirían subsidios que son materia de ley y que al materializarse como decretos presidenciales, pasan a llevar las prerrogativas del Congreso.
FUNDAMENTOS
Según el texto presentado por los senadores, desde el inicio del Transantiago “el Ejecutivo ha eludido aprobar los cambios legislativos que eran necesarios efectuar para la puesta en marcha de un diseño de esa naturaleza y justificar ante el Congreso su pertinencia y respaldo técnico”.
En lo fundamental los senadores señalan que los decretos impugnados presentan vicios de constitucionalidad y quebrantan diversas disposiciones de la Constitución.
En primer lugar, señalan que no sólo el Ejecutivo prescindió de una aprobación legal para realizar aportes al Transantiago, sino que además entregó los recursos pese a que el Congreso le había negado su autorización en la Ley de Presupuestos.
“Al obrar de esa manera y dar curso en sustitución a un nuevo crédito otorgado por el Banco del Estado, empresa estatal, y a otro del BID, con garantía CORFO, organismo público, ha incurrido en un quebrantamiento del marco que establece la Constitución sobre las distintas atribuciones y prerrogativas del Gobierno y el Congreso Nacional”, dice el texto.
Asimismo, sostienen que “se han infringido las normas contempladas en la Constitución 2que fijan un estatuto constitucional sobre cómo el Estado, sus organismos y empresas contraen endeudamiento financiero y la forma de comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, de sus organismos y de las municipalidades”.
Según los senadores los actos administrativos son inconstitucionales porque importan la entrega de un beneficio directo o subsidio a un sector, actividad y zona geográfica, sin que exista una disposición legal.
Asimismo, porque importan un desconocimiento del marco constitucional para la aprobación de los gastos públicos, que deben ser por ley; porque autorizan el endeudamiento fiscal más allá de la duración del período presidencial en curso; porque se comprometió de hecho la responsabilidad financiera del Fisco; y porque se permitió que se otorgara de hecho, un crédito a una empresa del estado, como es Metro, por parte de otra, que es el Banco del Estado.
