El debate de permitir a los compatriotas residentes en el extranjero votar para las elecciones parlamentarias debe finalizar, ya que el sufragio de los ciudadanos chilenos es un derecho que debemos consolidar.
Y esto debe ser una realidad en el corto plazo, pues permitiría avanzar y consolidar una Democracia acorde a los tiempos que nos desenvolvemos en la actualidad
Recordemos que la discusión sobre este tema se remonta a 1991, época en que era diputado por la Segunda Región, oportunidad en la que el democratacristiano Carlos Dupré, presentó ante la Cámara un Proyecto de Ley para modificar la Ley General de Elecciones y Escrutinios.
Son más de quince años de disputas en este sentido, lo cual no ha llevado a ninguna solución. En la actualidad debemos analizar los motivos reales que han llevado a más de ochocientos mil compatriotas a vivir en el extranjero, dejando de lado intenciones políticas o electorales, por el bien de la Democracia y la Transparencia. Debemos garantizar la participación de todos los ciudadanos chilenos
Lo anterior es corroborado por un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicado en 2005, donde los chilenos residentes en el extranjero suman 875.781 personas, distribuidos en 100 países, el cual reveló que el 40,1% de los chilenos emigró por razones económicas; el 30,8% por asuntos familiares y el 12,1% por motivos políticos.
En este escenario, jurídicamente, la Constitución Política en su artículo Nº 13 consigna el derecho a sufragio para quienes cumplan los requisitos para ser ciudadano, sin que exista la restricción del país de su residencia, por lo cual indicó que “las personas que se encuentran en el extranjero no presentan limitación constitucional para ejercer su ciudadanía”.
Inclusive existen acuerdos internacionales firmados por Chile que ratifican su postura, como la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la cual establece en su artículo Nº 41 que todos “Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación y que los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos”.
“ACUERDOS POR EL BIEN E IMAGEN DEL PAÍS
En cuanto a los innumerables llamados del Gobierno a aprobar el tema, donde la propia presidente de la República, Michele Bachelet, en su viaje a Canadá emplazó a Diputados de la Alianza a definirse en esa materia, creo que tenemos que llegar a un acuerdo positivo por el bien e imagen del país a nivel interno y externo, pues al efectuar ese llamado ante toda la prensa internacional se evidencia que Chile aún permanece en un estancamiento en aspectos de los Derechos Universales de las personas, lo cual nos debilita enormemente.
Y de lograrse un advenimiento favorable el Gobierno debe garantizar la transparencia y probidad en esos procesos, pues también debe recoger las observaciones hechas por la Alianza en torno a que los receptores de sufragio no sean exclusivamente funcionarios de los organismos nacionales que allí funcionan, donde la mayoría es de una clara tendencia política. Se debe buscar la pluralidad.
Hay ciudadanos chilenos que han realizado su vida completamente en el extranjero, también hay que considerar a aquellos que tal vez carezcan de una cultura política nacional, pero que poseen un espectro y visión de las fortalezas y debilidades del país en el plano internacional, ya que “al incorporarlos sentirán un fortalecimiento de su identidad nacional que permitirá, su aporte y apoyo a iniciativas que florezcan desde diversos sectores sociales de Chile.
Debemos buscar la transversalidad de todos los grupos en estos procesos, dejando en el pasado discursos politiqueros donde prima una visión obsoleta. Debemos mirar al futuro. Lo cual tampoco faculta a enviar indicaciones a la Ley existente con un carácter máximo de improvisación.
