“Vamos a seguir de cerca la realización del estudio que el MOP realizará del Código de Aguas, en el cual ciframos expectativas importantes de que se desarrolle, y se pueda abrir una discusión que permita replantear este tema”. Así lo afirmó el senador Carlos Ominami, al referirse a la decisión que  adoptó el Ministerio de Obras Públicas para reformar el actual marco legal de los derechos de aguas.

 

El parlamentario dijo que “son conocidos los esfuerzos que se hicieron en el Parlamento para  modificar este código. Este proyecto estuvo más de 12 años  en el Congreso, y finalmente lo que se estableció como línea básica, fue una patente por no uso, buscando  de esta forma desincentivar la concentración de la propiedad de los derechos de agua”.

 

Sin embargo, señaló que “hoy el Ministerio de Obras Públicas reconoce que el proyecto no cumplió con los objetivos”. Cabe señalar que, las empresas eléctricas, “concretamente tres: Endesa, Aes Gener y Colbún, concentran el 80% del total de los derechos de aguas existentes en el país”.

 

El legislador valoró que el gobierno “haya solicitado a la OCDE que levante  un primer informe internacional sobre la situación hidrográfica de Chile, y el uso real que le dan sus propietarios”.

 

Sostuvo que un informe internacional,  hecho por una organización de esta relevancia, debiera ser un punto de partida indiscutible para enfrentar de una manera distinta la cuestión crucial de los derechos de agua existentes en Chile.

 

“Esto va a llevar a una discusión de fondo que debiera alcanzar  a  modificaciones constitucionales de envergadura, porque justamente el concepto de pago por no uso surgió como una manera de eludir la protección constitucional que la Constitución de 1980 le otorga a los derechos de agua, los cuales de manera  totalmente injustificada, durante el régimen militar fueron desprendidos de la propiedad de la tierra para  facilitar su concentración y mercantilización”, comentó.