La acción del Estado en materia social y, particularmente, en el tema de la pobreza es irremplazable. En Chile, a través de la historia, con distintas visiones, ha jugado un papel fundamental. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hace el Estado en esta materia no es suficiente. Es fácil constatar que en nuestro país existe miseria, pobreza y falta de expectativas.

 

Este espacio que no es abordado por el Estado lo han asumido instituciones de beneficencia. Hasta la fecha estas instituciones han realizado una acción solo por caridad. Ello, porque hasta el año 2003 en Chile no existía una ley con fines sociales en materia de pobreza y dirigida a la discapacidad que otorgara beneficios tributarios.

 

Esta primera ley destinada a la pobreza se presentó y se incorporó como parte de las donaciones políticas. Fue una condición, una suerte de transacción para que las decisiones políticas tuvieran una mejor presentación ante la opinión pública.

 

En esta crítica me incluyo porque era parlamentario y creo que la pobreza no merecía ser tratada de la manera que terminamos abordándola, sobre todo porque en nuestra actividad siempre predicamos permanentemente en torno a ella.

 

El resultado de esta transacción fue desastroso, en materia de donaciones a la pobreza. Dictamos la peor ley de donaciones que no ha operado hasta el día de hoy. En la práctica, en nuestro país no existe una legislación de donaciones destinada a la pobreza dura y a la discapacidad. Por lo tanto, las instituciones que realizan abnegadamente esta labor lo han hecho hasta la fecha sin ningún tipo de incentivo tributario por parte del Estado, a diferencia de otras actividades como la innovación, la cultura, la educación o el deporte que sí cuentan con ley de donaciones para esos efectos.
        
Esta falta de compromiso se ha traducido en que miles de personas modestas o incapacitadas se han visto impedidas de recibir ayuda y la colaboración que con urgencia necesitan. Estamos hablando del anciano abandonado en la calle que es acogido por una institución con dignidad; del pobre y abandonado bajo los puentes del Mapocho, o miles que deambulan a través de distintas calles de nuestras ciudades; de los menores abandonados; de los pobres que han sido objeto de violencia; de los drogadictos, de los alcohólicos, de las víctimas del sida, en fin, la cadena es infinita.

 

Por eso creo la nueva ley de donaciones para fines sociales que se discute en el Senado debería constituirse en una suerte de acto reparatorio hacia los marginados de este país, de reconocerlos como los seres más importantes con los cuales tenemos una deuda.

 

Este Parlamento, este Senado, debería abrir ese debate y entregarles el regalo más maravilloso a los marginados que no hacen presión, que no andan con pancartas, que normalmente no tienen ningún tipo de actividad en que puedan hacer sentir su voz.