La decisión de disminuir de cuatro a un año el plazo para que los sostenedores de colegios tengan un giro único, es decir que se dediquen sólo a esa actividad, podría causar problemas a los establecimientos que están en manos de congregaciones religiosas, pues para cumplir con la ley deben realizar una serie de trámites ajustados al Derecho Canónico y modificar sus estatutos desde Roma, lo que les demandaría muchísimo más tiempo del estipulado.

 

Así lo planteó el director del Área de Educación de la Conferencia Episcopal, sacerdote Edgardo Fernández Apablaza, durante la primera ronda de audiencias públicas que realizó la Comisión de Educación del Senado en el marco del estudio del proyecto sobre Ley General de Educación (LGE).

 

En la oportunidad también intervinieron el ex ministro de Educación, José Joaquín Brunner; Patricia Matte de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP); Carlos Veas, de las Federaciones de Instituciones de Educación Particular (FIDE); Rodrigo Bosch de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Julio Isamit de la organización Jóvenes x Chile.

 

Según explicó el religioso, los plazos establecidos para llegar a un giro único son particularmente estrechos para los casos de colegios que están en manos de congregaciones.

 

“Esas congregaciones tendrían que modificar sus constituciones y su normativa, lo cual significa hacer una serie de trámites en Roma y de acuerdo al Derecho Canónico que es lo que nos rige como Iglesia y eso significaría tomarse mucho más tiempo de lo que estipula la ley. No alcanzaríamos nosotros a obtener un giro único en ese plazo”, señaló el sacerdote Fernández.

 

Agregó que por ello, plantearon a la Comisión la posibilidad de que estudie una aplicación paulatina, teniendo en consideración las realidades propias de cada institución y particularmente de la Iglesia. Otra alternativa sería que se permita el giro único, pero con la salvedad de que por ser institución de Iglesia que presta otros servicios sociales, ello sea compatible.

 

CONSENSOS Y CAMBIOS

 

En tanto los senadores Alejandro Navarro y Hernán Larraín, presidente e integrante accidental de la Comisión de Educación, respectivamente, destacaron la participación de las distintas agrupaciones que acudieron a dicha instancia.

 

En tal sentido, el senador Navarro advirtió que dado el interés de participar en esta ronda de audiencias, es probable que se tenga que aumentar el plazo para votar en general el proyecto en la Comisión, lo que está presupuestado para el martes 12 de agosto.

 

“Hemos intentado cumplir fielmente con  lo que nos ha solicitado el gobierno, aún cuando yo creo que esos plazos son estrechos. El debate está pendiente, los tiempos que hemos asignado son reducidos y creo que el Ejecutivo deberá evaluar, porque los tiempos políticos no pueden imponerse a los tiempos legislativos. Eso daña la calidad del debate y la calidad de la ley”, señaló.

 

El legislador agregó que todos los actores que han entregado su parecer sobre la LGE han coincidido en que es necesario realizarle modificaciones, para lo cual es necesario debatir. “Todos los actores han coincidido en que el actual proyecto de ley va a tener que ser modificado, enriquecido, perfeccionado y no hay nadie que haya manifestado una aprobación total inmodificable”, señaló.

 

Por su parte el senador Larraín señaló que si los cambios forman parte de un consenso o no empecen el acuerdo entre el gobierno y la Alianza se podrán incorporar.

 

“Se pueden hacer cambios sustanciales en la medida en que sean concordados, porque de lo que se trata es de avanzar en la filosofía fundamental de este proyecto que está fundada en el acuerdo. En educación la mayoría no le impone a la minoría una visión de la educación”, advirtió.

 

En la misma línea el parlamentario señaló que el debate de las indicaciones debería seguir el mismo predicamento del acuerdo, pues ello simplificaría el debate en particular de la iniciativa.

 

“El tema no es que no se puedan incorporar cosas, sino que se incorporen pero con acuerdo”, sentenció.

 

El senador Larraín manifestó que los principios que formaron parte del acuerdo entre la Alianza y el gobierno están recogidos en el proyecto y que las falencias que puedan existir se pueden corregir con normas complementarias.