Hay algo en el Senado que tenemos que corregir. Porque no se puede imputar a un Ministro que postula a la Corte Suprema Suprema ser partidario del Holocausto; ser nazi, tener una audiencia a la cual están todos los senadores invitados; haber participado distinguidos enadores, como el senador Jaime Naranjo; haberle hecho consultas sobre la Ley de Amnistía, la pena de muerte, el aborto, el Derecho Internacional, la tuición de los hijos, los matrimonios gay, etcétera, etcétera; nunca haberle consultado sobre su visión del régimen nazi; su opinión respecto al Holocausto;  y luego llegar a la Sala del Senado cuando él no está presente y hacerle una imputación de esa gravedad.

 

Yo quiero decirlo francamente, lo considero, con el mayor respeto, deshonesto.
                  
Deshonesto, porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer es que si tenemos un juicio de valor respecto de una persona; tenemos la oportunidad de preguntarle y tenemos duda de su comportamiento, entonces, digámoselo en la cara. Pero no le imputemos hechos tan graves sin haberle dado el más mínimo derecho a la defensa de esa imputación. Porque eso, señor Presidente, es simplemente un fusilamiento público que no es propio de un sistema democrático, ni menos de la tradición como ha operado este Senado.
                  
Respecto de los acuerdos. ¡Si este sistema obliga a tener acuerdos! Y está bien que sea así.
                  

Si es evidente; si para juntar dos tercios de los votos es imprescindible que se junten los representantes de los distintos sectores, hablen con el Ministro de Justicia, en representación de la Presidenta de la República, y busquen cuáles son los nombres que van despertando los mayores consensos.
                  
Y es efectivo que en la búsqueda de los nombres que despiertan los mayores consensos se ha ido buscando que existan distintas visiones del Derecho.

 

Yo, equivocado o no, he sido un duro crítico de jueces garantistas, que dejan libres a delincuentes que yo considero peligrosos que una vez en la calle cometen tropelías reincidentes. Pero he sido el primero, como estoy seguro muchos de ustedes, en nombrar a esos jueces a la Corte Suprema si yo estimo que tiene las condiciones de idoneidad para cumplir su cargo y, además, porque es un enfoque imprescindible del Derecho que tiene que estar presente en la Corte Suprema.
                  
Y el Ministro Alfredo  Pfeiffer ha dicho que él tiene una interpretación jurídica respecto de cada una de estas materias, pero ha hecho una salvedad, que aquí se ha omitido: que él resuelve caso a caso, y que en cada caso verá si corresponde aplicar una norma u otra. Porque o si no, lo que tenemos que hacer es tener una Corte absolutamente homogénea, que represente las sensibilidades puras de cada una de nuestras visiones políticas. Y ese día significa que la Corte Suprema perdió esa diversidad.
                  
En tercer lugar, quiero recordar que aquí hemos tenido un debate anterior similar: si un Ministro de Corte es católico o es masón, es conservador o es liberal.
                  
¡Ojalá la Corte Suprema tuviera todas las diversidades de nuestra sociedad y finalmente pudiésemos tener fallos que representaran esa diversidad en la medida que todas tengan un solo requisito: que la decisión se adopte en forma libre por el juez, independiente, conforme a sus propias convicciones y respetando la ley.
                  
Entonces, yo quiero decir que es efectivo que tenemos un acuerdo de nominación de un Ministro. Como lo hemos tenido siempre. Lo que siempre he señalado es que no es verdad que ese acuerdo parta por la base de que tiene que ser de una tendencia política u otra. Lo que significa es que hemos conversado y el Gobierno nos ha dicho que, tal como tuvimos el acuerdo respecto del Ministro Haroldo Brito -respecto del cual yo tengo la mejor de las opiniones, pudiendo discrepar muchas veces de sus fallos-, también lo generamos respecto de un Ministro que ha estado en más de 25 quinas de la Corte Suprema Suprema y en las últimas 7 en primer lugar. Los mismos Ministros de la Corte Suprema Suprema que nosotros hemos nombrado anteriormente.
                  
Entonces, me parece de toda justicia que nosotros mismos fomentemos esa variedad de conceptos jurídicos que se dan dentro de nuestros tribunales.
                  
Respecto de lo que se dice que él en un proceso… Yo quiero decir que lo he visto dos veces en mi vida al Ministro Pfeiffer: una vez aquí y hará unos 15 años en un debate sobre la Reforma Procesal Penal.
                  
Se ha dicho que él no tendría condiciones porque en un momento señaló que se declaraba inhabilitado por tener cierta animosidad respecto de una de las partes.

 

Ese es el acto más honesto que puede tener un juez…!
                  
Si un juez, en una causa determinada, por a), b) o c) razón siente que no va a poder resolver con la imparcialidad y en conciencia, lo honesto y lo valiente es decirlo. Lo cómodo es callarlo. Y él lo dijo. Y se hizo aparte de un proceso en el cual él podría haber tenido, legítimamente, respecto de algunas de las personas o partes animosidad.
                  
¡Cómo va  a ser negativo que un juez diga que no está dispuesto a resolver una causa porque ha perdido la imparcialidad necesaria!
          

 

Yo voté a favor del ministro Pfeiffer porque había un acuerdo con el Gobierno y con la Presidenta de la República representada por su Ministro de Justicia y porque ese acuerdo no es cuoteo uno y otro.

 

Ese acuerdo representa  “busquemos diversidad y buenos Ministros”. Y ninguno de los Ministros que hemos nombrado nosotros, cualquiera sea su tendencia desde el punto de vista de su interpretación del Derecho, en todos estos años ha demostrado que no ha sido un buen Ministro. Y, por lo tanto, él reúne los requisitos de capacidad, de independencia, de compromiso con seguir el proceso de modernización del Poder Judicial; es parte de un compromiso que tenemos de ir dando diversidad a la Corte Suprema. Y yo espero que la política de entendimientos prime en materias tan trascendentes como es el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema.