Cuando votamos la incorporación del Ministro Haroldo  Brito a la Corte Suprema, a favor, yo planteé que el único criterio de discriminación que yo tenía en materia de nombramiento de miembros de la Corte Suprema eran los temas esenciales que tienen que ver con los derechos humanos.  Porque yo entiendo -y quiero entender- que los derechos humanos hoy día en este país no son patrimonio de un sector, ni de una ideología, ni de una posición conservadora o progresista, sino que constituyen la base ética fundamental de la convivencia civilizada en el siglo XXI. Tanto es así que está en la Constitución.
                  

Pero debo decir también que voté por el ministro Brito sabiendo que había un acuerdo y que ese acuerdo incluía al ministro Alfredo Pfeiffer.
                  

Y quiero decir también que no planteé un rechazo al método, porque podría haberlo hecho y podría haber votado… Algunos aquí lo han hecho… Y podría haber votado contra el ministro Pfeiffer… contra el ministro Brito.
                  

Pero ahora me encontré particularmente, como yo creo que mucho senadores- ante un dilema político y ético muy complejo, y es que efectivamente los que votamos en contra  incumplimos un acuerdo…

Desde el punto de vista de una ética de la responsabilidad política. Y, sin duda, va a significar, creo yo, que este método, que yo no adjuro de él y que ha dado en 12 años una Corte Suprema bastante más favorable para la Justicia en este país que el que teníamos el 90. Eso me parece también… evidentemente también es materia de derechos humanos.

Pero, desgraciadamente, el acuerdo que se tomó fue más allá de lo que nosotros éticamente podemos resistir. Ese es el punto.

Nos equivocamos en tomarlo. Yo asumo esa equivocación.  Sabemos que aquí vamos a tener que recomponer sistemas y confianzas que son indispensables para el buen funcionamiento democrático.