Un nuevo paso en la lucha contra el comercio de especies robadas y plagiadas dio esta tarde del Senado, al aprobar en forma unánime la idea de legislar del proyecto que combate el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos ilícitos.

 

La iniciativa, que cumple su segundo trámite en el Senado, forma parte del acuerdo político que suscribió el Ejecutivo y la Alianza en materia de seguridad. Ahora corresponde que se inicie su estudio en particular, para lo cual fue remitido nuevamente a la Comisión de Constitución, fijándose como plazo el 2 de septiembre para presentarle indicaciones.

 

Y si bien contó con el apoyo unánime de la Sala, senadores de distintos sectores políticos anticiparon que presentarán indicaciones en lo relativo a la fiscalización y para incorporar normas que establezcan distingos entre quienes practican el comercio ambulante de especies legales y los que venden productos ilegales, plagiados o robados. Esto, pues se reconoció que existe un importante sector de la población que tiene como único sustento el comercio ambulante.

 

Durante la sesión en Sala intervinieron los senadores Hernán Larraín, Guillermo Vásquez, Soledad Alvear, Nelson Ávila, Sergio Romero, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra, Carlos Bianchi, Alberto Espina, Carlos Kuschel, Carlos Ominami y Alejandro Navarro, quienes destacaron la esencia del proyecto, aunque insistieron en hacer algunas modificaciones.

 

SEÑAL CORRECTA

 

También intervino el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien explicó que la iniciativa apunta a evitar la evasión tributaria que importa el comercio ilegal y a terminar con las infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, que redundan en una competencia desleal con el comercio establecido. Asimismo, precisó que con esto se busca llegar a los líderes y cabezas de las organizaciones ilícitas que se dediquen al comercio ilegal, permitiendo la figura de los agentes encubiertos y dotando a las policías de mayores herramientas de fiscalización.

 

El senador Larraín manifestó estar de acuerdo con los principales alcances del proyecto, pero hizo notar su preocupación por una norma que faculta a los policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) puedan fiscalizar al comercio ambulante y establecido. Particularmente por el efecto en la imagen pública del comercio que pueda tener la fiscalización de Carabineros en locales comerciales establecidos, asunto que quiere precisar, pues se trata de combatir el comercio ilegal fruto del contrabando.

 

El senador Vásquez también dijo estar de acuerdo con el objetivo del proyecto aunque manifestó que se deben hacer algunos ajustes de carácter técnico para evitar interpretaciones erróneas.

 

En la misma línea la senadora Alvear destacó la importancia de este proyecto en el combate del comercio ilegal, sobre todo porque permitirá llegar a los cabecillas de las organizaciones dedicadas a la venta de artículos pirateados y robados.
Si bien el senador Ávila reconoció que el proyecto apunta a sancionar el comercio de especies plagiadas, advirtió que también existe una mirada social que debe ser tomada en cuenta y que dice relación con los que practican el comercio ambulante de especies legales. A su juicio, la solución no pasa por eliminar “de una plumada”  la posibilidad de que esas personas obtengan su sustento, pues se debe hacer un distingo para evitar efectos indeseados.

 

En tanto, el senador Romero manifestó que este proyecto no sólo permitirá evitar los efectos nocivos para la ley de propiedad intelectual, sino que también facilitará la labor de los nuevos gobiernos comunales para ordenar sus ciudades, ya que tendrán la facultad de dictar ordenanzas para ubicar en lugares específicos a los vendedores ambulantes.

 

El senador Letelier, precisó que el proyecto genera instrumentos para atacar a los que se asocian para cometer delitos y tras señalar que los vendedores ambulantes desarrollan un trabajo digno, dijo que otra cosa muy distinta dice relación con quienes se asocian para delinquir y fomentar el comercio ilegal, que es lo que se quiere atacar con el proyecto.
 
El senador Muñoz Barra, también planteó sus aprensiones por el problema social que existe detrás de las personas que honestamente se desempeñan como vendedores ambulantes y también por la forma en que operarán las policías frente a las organizaciones sociales o centros de mujeres que se dedican a elaborar productos para su venta.

 

En tanto, el senador Bianchi manifestó que el proyecto va en la línea correcta, pues se debe evitar la generación de redes que se dediquen a vender especies ilegales, plagiadas e incluso robadas.

 

El senador Muñoz señaló que la iniciativa trata de eliminar “focos delictuales”, pero advirtió de la necesidad de establecer una diferencia entre el comercio ilegal y quienes se dedican a la venta ambulante como un medio de subsistencia.

 

A su turno, el senador Espina recordó que este proyecto está considerado en el marco de los acuerdos de seguridad ciudadana y junto con señalar que se debe diferenciar entre quienes venden especies robadas y los que no, recordó que se busca sancionar a asociaciones ilícitas que se dedican, ganando miles de millones de pesos, a formar verdaderas mafias que venden productos robados y pirateados.

 

El senador Kuschel respaldó el proyecto pero advirtió que las “malas políticas públicas” son las que han incidido en incentivar el comercio paralelo.

 

En tanto, el senador Ominami compartió la idea de dotar de más herramientas jurídicas para enfrentar el comercio ilegal, pero también manifestó sus aprensiones por las familias que viven del comercio informal.

 

En la misma línea, se expresó el senador Navarro quien recordó que el comercio clandestino se origina por el desempleo, razón por la cual hay que estudiar alternativas para enfrentar esa situación y elaborar una política de carácter social más profunda.