Impulsar una política de pago en euros a los funcionarios diplomáticos chilenos  que se desempeñan en los países europeos, e iniciar un proceso de compra de inmuebles para las representaciones diplomáticas en el exterior son las peticiones que formuló el Senado a la Presidenta de la República, tras aprobar en forma unánime un proyecto de acuerdo impulsado por senadores de todos los comités parlamentarios.

La iniciativa que fue respaldada en forma unánime por la Sala apunta a evitar el encarecimiento en los costos de vida de los funcionarios diplomáticos que se desempeñan en la Zona Euro, ya que en la actualidad el Ministerio de Relaciones Exteriores remunera a sus funcionarios con dolares, sin embargo, hoy día dicha divisa se ha visto fuertemente depreciada y devaluada frente al euro.

El proyecto de acuerdo fue presentado por los senadores Carlos Bianchi, Nelson Ávila, Alberto Espina, José Antonio Gómez, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Hosaín Sabag y Adolfo Zaldívar.

Los parlamentarios argumentaron que “este encarecimiento en los costos de nuestros agentes diplomáticos en el exterior, les está perjudicando su calidad de vida en el Continente Europeo, por lo que es necesario que el gobierno adopte una política que lleve a dichos funcionarios a recibir un pago en moneda Euro”.

Por otra parte, los impulsores de este proyecto de acuerdo señalaron que “históricamente Chile ha tenido como política oficial, el arriendo de los inmuebles en donde se encuentran las sedes diplomáticas en los distintos países en que se encuentra representado”.

Sin embargo consideraron “de toda lógica que con los recursos que tiene hoy disponibles nuestro país, el gobierno inicie un proceso de compra de los inmuebles que sirven de sede de nuestras representaciones diplomáticas, porque significa ventajas tanto económicas como prácticas”.

En lo económico generaría la incorporación de activos de gran valor para el patrimonio Fiscal. Además nuestro Estado dejaría de pagar varios miles de millones de pesos anualmente por concepto de arriendos, que sólo son gastos que no generan retornos como inversión.

Puntualizaron además que “desde un punto de vista práctico, dicha inversión tiene un alto grado de seguridad, puesto que en la mayoría de las legislaciones de otros países, dichas sedes diplomáticas tienen el carácter de inembargables”.

Además, “como propietario el gobierno podría hacer de manera mucho más tranquila mejoras en dichos inmuebles cuestión que es de difícil decisión hoy día, dado el carácter de arrendatario que tiene”.