Será la Comisión de Trabajo del Senado la instancia legislativa que deberá estudiar la reforma constitucional presentada por los senadores Carlos Bianchi, Carlos Ominami, Guillermo Vásquez y José Antonio Gómez, que crea la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) del Estado.
La iniciativa ingresó a trámite luego que se declarara inadmisible un proyecto de ley en esa línea, por corresponder a una atribución exclusiva de la Presidenta. De ahí, que los senadores optaran por una fórmula que consagre en la Constitución la existencia de una AFP estatal, la que de aprobarse, demandaría al Ejecutivo a presentar un ley que diera sustento a ese precepto constitucional.
En lo fundamental, la moción parlamentaria incorpora al artículo XIII bis de la Constitución Política una disposición que autoriza la creación de la Administradora de Fondos de Pensiones del Estado de carácter social (AFPES) que estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Dicho patrimonio, según la propuesta de los senadores, será aportado en un 99% por la Corporación de Fomento de la Producción y en un 1% directamente por el Fisco de Chile.
Asimismo, la AFPES tendrá por objeto, la administración “con un criterio social” de los fondos de capitalización individual de los particulares que voluntariamente se afilien a ella, como asimismo, de los fondos públicos destinados al otorgamiento de pensiones mínimas de vejez para quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500.
ASPECTOS FUNDAMENTALES
La reforma constitucional de los senadores Bianchi, Ominami, Vásquez y Gómez, propone que la dirección y administración de la AFP estatal quede a cargo de un Directorio de siete miembros, integrado por un presidente nombrado directamente por la Jefa de Estado y seis directores propuestos por el Presidente de la República y designados con acuerdo del Senado.
Asimismo, se plantean la existencia de un Comité Asesor del Directorio integrado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien lo presidirá, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, y, el Ministro de Hacienda.
Por otra parte, se propone que un gerente general, nombrado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, de una quina entregada por el Consejo de Alta Dirección Pública, esté a cargo de la administración diaria de la AFP estatal.
Según los autores de la iniciativa “la dictación de una ley que autorice la creación de una empresa del Estado destinada al giro de AFP es trascendental para la generación de igualdad de nuestro país, porque las actuales Administradoras desarrollan su actividad en condiciones poco competitivas, con un mercado concentrado y, aparentemente, con falta de real competencia”.
Agregan que, uno de los vicios principales que detenta el sistema, es que sus usuarios se ven imposibilitados para optar por un producto distinto entre aquellos existentes en el mercado, que efectivamente les aseguren una vejez digna.
“Se trata de un mercado cautivo, bastante inmóvil e imperturbable a los resultados cambiantes de los fondos administrados por las AFP, entre otras razones, porque los afiliados carecen de la capacidad predictiva para, con ciertos elementos de certeza, avizorar lo que podría ocurrir en el ejercicio de la inversión de su dineros”, señalan.
Finalmente, manifiestan que “debemos considerar las necesidades y preferencias de todos nuestros habitantes. Resulta evidente, por ejemplo, que entre los funcionarios públicos existe un gran porcentaje que preferirían que sus fondos previsionales fueran administrados por una entidad pública, dados los costos inferiores de administración y la garantía que significa el respaldo del Fisco en la gestión del giro”.
