Su preocupación por la medida gubernamental de cesación de pago a distintos contratos de los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas y a proyectos financiados con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entre otros fondos públicos, manifestó el senador Antonio Horvath, integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El parlamentario explicó que “el encadenamiento de servicios y el sector comercio y de subcontratistas se ven severamente frenados en los estados de pagos ya que entran en mora con sus contratados”.

Por lo tanto, aseveró que “si se quiere controlar la inflación no se puede hacer dejando de pagar los compromisos. El punto es ajustar el calendario de compromisos futuros y evaluar en mejor forma los programas donde se este poniendo dinero público ya que no hay resultados a la vista”.

El legislador se reunió con los ministros de Obras Públicas, Sergio Bitar y de Vivienda, Patricia Poblete y “ellos resolvieron el tema y confirmaron que los compromisos se iban a cumplir y las respectivas multigremiales de comercio y empresas contratistas de las distintas regiones están negociando este tema para evitar mayores problemas, como por ejemplo, despidos adelantados”, indicó.

El senador Horvath explicó que “si bien la cesación de pagos puede incidir en la inflación, en regiones el efecto es brutal porque se depende mucho de los pagos públicos y el costo social que se paga es muy alto. Por ejemplo, sólo en la XI Región hay más de $1.500 millones por pagar e incluso habían devuelto las facturas y estados de pagos, por eso estamos en pleno proceso de ajuste para revertir esta medida”.

El legislador puntualizó que también conversó este tema con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y “la verdad es que el también veía poca área de maniobra, ya que todavía ellos no han cuantificado el daño social que van a producir”.

En ese sentido se mostró “en alerta para que esta medida de cesación de pagos no se siga impulsando, porque lo que debe hacerse en momentos de ajuste es seguir una línea de acción mes a mes, a fin de evaluar las condiciones, los compromisos de trabajo existentes, la generación de empleos que se registra, para luego efectuar los ajustes de manera bastante más fina que el mecanismo brusco que se está aplicando”.