En condiciones de ser votado por la Sala del Senado, quedó el veto presidencial al proyecto que regula el lobby o gestión de intereses, luego que la Comisión de Gobierno aprobara por amplia mayoría las observaciones que hizo el Ejecutivo con el objeto de ampliar el ámbito de aplicación de esta ley.

 

De este modo, el informe que deberá ser votado por los senadores señala que se permitirá considerar como lobbysta a quien ejerce habitualmente la actividad sin percibir remuneración. La propuesta aprobada por el Congreso sólo consideraba como lobbysta al que ejercía la actividad de manera profesional y remunerada.

 

Además de elimina a las empresas públicas como sujetos pasivos de lobby y también se considerará que se ejerceré esta actividad cuando la promoción, defensa o internes se ejerza ante los jefes de gabinete de los parlamentarios o ante los secretarios de comisiones del Congreso.

 

Asimismo se define como “habitualidad” de esta actividad, la realización de 8 o más gestiones de lobby en el período de un mes, o más de 15 en un trimestre, sobre una misma materia, ante una o más autoridades, miembros o funcionarios de la Administración del Estado y el Congreso.

 

Otro de los cambios que se realizaron en el veto, dicen relación con los registros públicos de lobbystas. El proyecto aprobado por el Congreso señalaba que uno de los tres registros estaría a cargo del Ministerio de Justicia, mientras que los otros dos a cargo de la Comisión de Ética del Senado y de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, respectivamente.

 

Con el veto, se mantienen intactos los registros del Congreso, pero el del Ministerio de Justicia quedará a cargo del Consejo para la Transparencia, entidad que se creó en la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

 

Finalmente, todo aquel que se desempeñe como lobbysta estará obligado a informar trimestralmente y no semestralmente, por escrito o por medios electrónicos a la autoridad encargada de llevar el registro sobre cualquier cambio de propiedad, incorporación de nuevos socios y empleados y aumentos de capital social.

 

COMPROMISOS

 

Según manifestaron los senadores Carlos Bianchi y Jaime Orpis, presidente e integrante de la Comisión de Gobierno, respectivamente, hubo un consenso prácticamente unánime en dicha instancia frente a los cambios propuestos por el Ejecutivo.

 

“El ministro José Antonio Viera Gallo explicitó cada punto y fuimos acordando ahí mismo votar con un consenso general. El único desacuerdo que tuvimos fue algo que se votó favorablemente en la cámara y que no respaldamos, que dice relación con las autoridades que se exceptúan de ser sujetos de lobby”, dijo el senador Bianchi.

 

En tal sentido explicó que el veto consideraba que el Presidente de la República, los ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados quedaran excluidos de la obligación de registrar las reuniones con lobbystas.

 

“Nosotros votamos aquello en contrario, porque consideramos que somos pares y no pueden haber excepciones. Ahora falta que definamos los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado para ver cada cuanto tiempo tenemos que entregar la información y cómo la vamos a transparentar”, explicó el legislador.

 

En tanto, el senador Orpis destacó que el “Ejecutivo se comprometió a enviar algunas rectificaciones, una vez que se despache el veto. Hay una que a mi juicio es importante, porque se establece la obligación no solo de registrar sino que de publicar, para lo cual se consagraban tres registros. Pero esta norma se va a aplicar al Poder Judicial, a la Contraloría, al Banco Central  y en general a todas las autoridades, y no se establece ningún registro respecto de esos poderes del Estado”.