Creo en la pequeña y mediana empresa como la mejor y única forma de que los chilenos de clase media puedan surgir y tener una vida digna. Sin duda, las Pymes son la forma más perfecta de redistribuir el ingreso y así lo afirmé ante cientos de empresarios del sector durante el reciente Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, ENAPE 2008. Una cita que se produjo poco después de los recientes anuncios de Hacienda que, entre otros, incluyeron la decisión de rebajar el impuesto específico a los combustibles.
Sin duda, una medida esperada por muchos sectores del país y pedida insistentemente por una gran mayoría de legisladores que vemos con preocupación los nocivos efectos de este tributo. Es evidente que la estructura tributaria de los combustibles país tiene un incentivo perverso que hace que al Fisco le convenga que el precio internacional del petróleo suba producto de que, como el IVA es proporcional, cada vez que hay un alza, se incrementan los recursos en las arcas del Estado.
Y pese a que este anuncio permitirá paliar en parte la delicada situación por la que atraviesan no sólo los pequeños y medianos empresarios, sino también una gran mayoría de chilenos, especialmente de clase media, una vez más las cosas llegan tarde. Queda de manifiesto que hay Ministerios que no se anticipan a las crisis, como lo ha pedido la Presidenta Michelle Bachelet, sino más bien apagan permanentemente incendios, transformando muchas de estas soluciones en medidas que, de haberse adoptado a tiempo, podrían haber evitado las causas de la crisis que estamos viviendo.
Pero, sin duda, hay otros factores que hoy impiden que los pymes chilenos puedan crecer y aportar al desarrollo nacional. En 2007, en la misma ENAPE, la Presidenta Bachelet anunció, entre otras, dos importantes medidas para este sector: un estatuto propio y la obligación del Estado de pagar a sus proveedores en el plazo de 30 días. La primera espera nuevas indicaciones del Ejecutivo, mientras que la obligación de pago por parte del fisco es transgredida en forma constante, produciendo un serio daño a empresarios que soportan estos abusos únicamente presionados por el riesgo que significa perder los contratos.
También es tarea pendiente dar mayor equilibrio a la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, donde el Estado tiene todos o casi todos los derechos y el contribuyente, elemento fundamental para el funcionamiento del sector público, enfrenta muchas obligaciones o deberes, pero cuenta con pocos derechos. El denominado Decálogo de Derechos de los Contribuyentes, a la espera de aprobación por la Cámara de Diputados, consagra el derecho a ser atendido cortésmente, a ser informado y asistido en el ejercicio de sus derechos, a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, a recibir información en todo momento sobre su situación tributaria y estado de tramitación del procedimiento y finalmente, que las fiscalizaciones del SII tengan un tiempo máximo de duración.
También me habría gustado que se incorporara la figura del defensor del Contribuyente, porque me parece al menos injusto que el Estado disponga de un abogado y de asistencia jurídica para el peor de los delincuentes y no lo haga para su principal aliado que es el contribuyente. Pero lamentablemente, estas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que significan gasto fiscal. Aún no renunciaré al esfuerzo de que una figura como ésta se materialice en el futuro.
Sí reconocí ante los pequeños empresarios que, dentro de los hechos positivos para el sector, el Senado aprobó la principal reforma que haya existido en nuestro país en materia tributaria: la creación de tribunales tributarios y aduaneros independientes, terminando con las facultades que hoy tiene el Servicio de Impuestos Internos de ser juez y parte. La creación de tribunales especializados en todas las regiones del país, la consagración del principio de igualdad de los intervinientes (Fisco –Contribuyente), el establecimiento de un proceso rápido y expedito, la consagración de derechos a favor del contribuyente y la creación de un nuevo sistema de notificaciones, son los principales avances que contempla este proyecto.
Por último, creo que aún está pendiente mejorar aspectos como la eliminación del impuesto de timbres y estampillas, la exención de utilidades reinvertidas, protección frente al endeudamiento con el sistema financiero, más garantías de financiamiento, flexibilización de trámites, entre otras.
Y no quise dejar pasar la ocasión para recordar a los presentes en ENAPE 2008 que, hasta el día de hoy, Hacienda no ha contestado formalmente las 36 propuestas que le entregó el Senado para hacer frente a la crisis económica. A mi juicio son un paso adelante para resolver la problemática de las PYMES y ayudarlas a salir de un estancamiento que no nos permitirá resolver un tema clave: las inequidades entre los chilenos por más esfuerzos que haga el Estado.
