Reconozco y valoro la mesa de diálogo en torno al bono post laboral  en que participaron los organismos gremiales de los empleados públicos, los cuales en su mayoría concurrieron a firmar este acuerdo varios años atrás.

 

La mesa diálogo estuvo conformada por 14 organizaciones, que emitieron su opinión y fueron escuchadas. Y, en verdad, ninguna de las entidades gremiales ahí presentes tiene hoy día la más mínima duda sobre la necesidad de aprobar este bono poslaboral. ¡Ninguna!
                  
¡Otra cosa es la discusión respecto de si fue justa o no la reforma previsional de los años 80, la creación de las AFP y lo que hizo la dictadura de no pagar a los funcionarios públicos las imposiciones sobre la totalidad de sus ingresos!
                  
Pero esas son las cosas que molestan a los amigos de la oposición a quienes les gusta olvidarse de cuál es el origen del daño previsional o de la deuda histórica de los profesores.

 

Es muy conveniente olvidarse, pero el ser olvidadizo para algunos es una cuestión de conveniencia o de oportunidad.
                  

 

El hecho de que ahora se esté discutiendo un bono poslaboral es producto de la historia de un país que trata de hacerse cargo de los profundos daños que se causaron a los trabajadores.              

 

El daño previsional, la situación que han vivido varios funcionarios públicos a raíz de eso -muchos de ellos han muerto-, no es causa del gobierno de turno. Tiene que ver con una política de Estado, con un Estado que perjudicó en forma considerable a una gran cantidad ciudadanos.
                  
Porque no solamente los servidores públicos han sufrido aquel daño. Es más, son una parte mínima de los que sufren el deterioro provocado por el traspaso a un sistema previsional que no cumplió sus compromisos, con la oferta de que el trabajador jubilaría con un porcentaje relativamente alto de sus ingresos. Tal vez, no se leyó la letra chica o no se reconoció que el mercado laboral era bastante distinto de lo que algunos decían en la década de los 80, el siglo pasado.

 

Hoy en día, algunos sostienen que no fue obligatorio haberse traspasado. ¡Pero vaya cómo a los trabajadores muchas veces les pusieron las cosas en blanco y negro para que se traspasaran al sistema de las AFP, sin que tuvieran ninguna alternativa, salvo perder el empleo si no lo hacían.
                  
El proyecto que concede un bono post laboral de 50 mil pesos mensuales a determinados funcionarios públicos,  desde que está en el Senado, ha mejorado la cobertura; ha eliminado la demanda de los funcionarios públicos con respecto a períodos de espera, y amplia su accionar no solo a quienes cuentan con contratos de trabajo, sino que también deja muy en claro que el bono no es incompatible con la reforma previsional, que, según entiendo, fue de la voluntad de todos.
                  
Por eso, a pesar de que algunos senadores han manifestado que no comprenden la razón de por qué no se considere ingreso el bono poslaboral, debo aclarar que eso obedece al solo efecto de que no perjudicar a aquellos servidores estatales en su derecho de alcanzar el aporte previsional solidario, al cual muchos trabajadores podrán tener acceso.

 

Si esta iniciativa presenta alguna dificultad, la verdad es que ello puede derivar de que se ha aceptado en el Congreso por los dirigentes gremiales y por el Estado el haber negociado mecanismos de retiro complementarios a los contenidos en el proyecto en estudio. Se trata de sistemas de retiro que permiten recibir a algunos 10, 12 ó 30 millones de pesos. Esto, sin duda -como se desprende de la firma de la ANEF-, dice relación con el daño previsional ocasionado a los trabajadores.
                  
Por eso, dicha entidad expresó en su momento: “No vamos a hablar del daño previsional hasta el año 2010, el 2012 o más adelante”. Porque se aceptó ese ingreso, esa salida del sistema, como una compensación a las bajas pensiones.

 

Esta normativa es importante, por cuanto ayudará a decenas de miles de funcionarios del sector público a mejorar sus pensiones. Recibirán cerca de 600 ó 700 mil pesos anuales por 20 años, como un aporte que hace el Estado a un grupo importante de trabajadores.
                  
Que el bono poslaboral debe ser reajustado en el tiempo, yo diría que ese es el gran debate que está pendiente, para que esas personas no queden con los 50 mil pesos nominativos que definidos en el proyecto.
                  
El beneficio tendrá un efecto retroactivo que se extenderá hasta el año 2003, lo que es muy importante para mucha gente que ya se ha retirado. De esta manera se fija un principio de responsabilidad del Estado hacia quienes se han acogido a jubilación sobre la base de un mecanismo que implica bajas tasas de reemplazo de sus pensiones con relación al sueldo.
                  
Pero eso no es culpa del Gobierno: el sistema de las AFP no cumplió su compromiso. Y, mediante este proyecto, el Estado está haciendo un esfuerzo para subsanar en parte un daño del que no es culpable, sino el gobierno de turno, por un mecanismo que se estableció tiempo atrás.
                  
El mencionado bono poslaboral se complementa con la reforma previsional. No constituye la solución perfecta. Pero, sin duda, es una acción que apunta en la dirección correcta. Por eso, los senadores socialistas votamos a favor de la iniciativa.