En condiciones de ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto iniciado en una moción del senador Guillermo Vásquez, que permitirá a las empresas con ventas anuales inferiores a las 100 mil unidades de fomento y a las personas naturales con ingresos netos que no superen las 25 mil unidades de fomento acogerse a mecanismos más expeditos de reprogramación y refinanciamiento en caso de quiebras.

Así lo afirmó el senador Vásquez, presidente de la Comisión de Economía, quien explicó que la instancia despachó la iniciativa que es coherente con el Estatuto Pyme que se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Cámara de Diputados.

El parlamentario valoró el consenso alcanzado en la instancia para generar un mecanismo distinto para la negociación de este tipo de insolvencias graves que afectan a las pequeñas empresas y que pueden significar la incapacidad de retomar su vida productiva con normalidad.

Asimismo destacó “la serie de indicaciones que se concordaron en la Comisión para ajustar el proyecto al nuevo Estatuto Pyme, porque se trata de una iniciativa anterior a la que envió el Ejecutivo. Por lo tanto, hacemos concordantes los montos, la aplicación de apoyos porque antes teníamos interventores y ahora tenemos asesores de insolvencia, y además tenemos todas las materias incorporadas en este proyecto, de modo que no hay colisión de normas”.

Respecto a la moción del senador Pedro Muñoz Aburto que establecía un procedimiento para regular la situación de insolvencia grave de deudores civiles, el senador Vásquez precisó que “se acogieron algunos aspectos de la iniciativa en el proyecto sobre convenios no concursales, sin embargo se desechó el mecanismo que proponía en el sentido de crear una excepción adicional que era la insolvencia del deudor”.

De este modo, se establece un marco legal para proteger los intereses de los pequeños deudores en situación de remate de sus bienes. Así al menos unas 240 mil pequeñas y medianas empresas podrá ingresar de forma ágil a este tipo de acuerdos que se celebran entre los deudores insolventes y la colectividad de sus acreedores, a fin de garantizar los intereses de las partes involucradas.

Se implementa un procedimiento sencillo de convenios porque en la actualidad, por sus costos y métodos estaría dirigido a la gran empresa, y  no se otorgarían los incentivos necesarios para evitar el conflicto final, es decir, la quiebra.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido por la legislación de quiebras, los costos básicos de un convenio que considere activos de 2.000 UF, incluyendo publicaciones, honorarios del síndico o experto facilitador, del auditor autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros o en su caso del interventor designado por el tribunal y del abogado patrocinante del convenio, asciende a más de $4 millones.