Con el fin de regularizar y mejorar la infraestructura de recintos deportivos y de salud en el país, la Comisión de Vivienda aprobó en forma unánime legislar sobre el proyecto, en segundo trámite, más conocido como la “Ley del mono” para este tipo de construcciones.

Así lo informaron los senadores Jaime Naranjo y Antonio Horvath, presidente e integrante de la instancia, respectivamente, quienes valoraron esta iniciativa que permite regularizar los bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, destinados a equipamiento de deporte y de salud.

El senador Naranjo aseguró que “en materia de infraestructura de salud y deportiva existen construcciones irregulares que requieren de una nueva Ley del Mono porque hay importantes recintos que se encuentran en esa situación y que dificultan la realización de mejoras en este tipo de establecimientos que muchas veces tienen 30 años o más”.

Precisó que “de acuerdo a lo manifestado por el Subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro, hay unos 460 complejos deportivos que se encuentran en esta situación y que se verían beneficiados con esta ley. Eso sin contar los recintos de salud que son otra cifra similar”.

Coincidió con su par, el senador Antonio Horvath, integrante de la Comisión quien explicó que esta Ley del Mono para los recintos deportivos y de salud es necesaria, aunque anticipó que durante el debate en particular presentará algunas indicaciones.

En ese sentido, planteó que “las regularizaciones de las construcciones no solo deben ser de recintos deportivos y de salud urbanos sino también rurales, incluyendo las medias lunas de rodeo, ya que sería una buena oportunidad para abordar estas materias”.

LEY GENERAL DE URBANISMO

Por otra parte, la Comisión de Vivienda acordó un procedimiento para analizar en particular el proyecto, en primer trámite, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones que recibió casi 700 indicaciones lo que anticipa una profunda transformación a este cuerpo legal.

El senador Jaime Naranjo, aseveró que “a partir del 8 de septiembre comenzaremos el debate de las indicaciones que serán trabajadas con un equipo técnico compuesto por asesores del Senado, del Ministerio de Vivienda y de las organizaciones sociales y gremiales”.

El proyecto contempla una nueva planificación territorial urbana para poder flexibilizar los planes reguladores, descentralizarlos e incluir una mayor participación ciudadana. 

Amplía además, las capacidades de los planes reguladores para concertar y coordinar en el territorio la inversión urbana pública y privada. Genera herramientas de diseño y gestión de las Municipalidades sobre el espacio público, posibilitando la creación de sectores o lugares de calidad urbanística.

Por otro lado, facilita los procesos de actualización y ajustes técnicos de la planificación del suelo urbano, para hacer más eficiente su aplicación y responder oportunamente a las demandas de las ciudades y barrios.

Asimismo fortalece las capacidades locales para la recuperación de barrios, la integración social y la generación de obras de mejoramiento urbano en sectores deteriorados. Racionaliza los derechos de construcción en suelo rural, otorga mayor certidumbre y normas claras para todo el territorio.