Luego que el Ejecutivo decidiera retirar de trámite legislativo el proyecto que crea un Instituto de Derechos Humanos y que ampliaba el plazo para que la Comisión de Prisión Política y Tortura recabara nuevos antecedentes, los senadores Carlos Ominami y Jaime Naranjo solicitaron al gobierno que reabriera dicha instancia para que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentren reconocidos.

 

Para ello, los legisladores presentaron un proyecto de acuerdo mediante el cual solicitan a la Presidenta de la República Michelle Bachelet que implemente las medidas legales correspondientes con el fin de reabrir la denominada comisión Valech.

 

Según explicaron, el objetivo fundamental de esta solicitud apunta a que puedan entregar sus testimonios todos aquellos ex presos políticos que no concurrieron con anterioridad y que las viudas de los ex presos políticos que fueron calificados anteriormente puedan acceder a la pensión del causante.

 

Asimismo, buscan que el beneficio de la beca de estudio a la cual tienen acceso los ex presos políticos calificados, pueda ser traspasado a un hijo o nieto.

 

A juicio de los parlamentarios, es indispensable que se cree una nueva comisión o se amplié el ámbito de cobertura de la Comisión de Prisión Política y Tortura, de tal forma que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentran reconocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación u otra instancia de tal forma que sus familiares puedan acceder a una justa reparación. 

 

AMPLIAR COBERTURA

 

Al momento de fundar esta solicitud, el senador naranjo señaló que “el gobierno decidió retirar de tramitación el proyecto de Ley que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ese instituto, dentro de sus funciones, contemplaba la creación de una Comisión Asesora de Calificación de casos de detenidos desaparecidos, ejecutados  y sobrevivientes de la tortura y prisión política”.

 

Además se establecía que las viudas de los ex presos políticos calificados y por calificar tendrían acceso a la pensión del causante, como asimismo que el beneficio de la beca de estudio que actualmente tienen los ex presos políticos podría ser traspasado a un hijo o nieto.

 

Por su parte el senador Ominami manifestó que “debido a la decisión del gobierno de retirar de tramitación este proyecto miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que esperaban la creación del Instituto para entregar su testimonio y ser calificados han quedado en la incertidumbre”.

 

Por ello, agregó, “se hace urgente buscar una solución a aquellas víctimas y sus familiares que en su oportunidad, y por diversas razones, no concurrieron a entregar su testimonio o incluso no fueron calificadas por falta de antecedentes”.

 

Ambos parlamentarios señalaron que “una  nueva iniciativa, en este sentido, no demandaría más gastos al Estado, ya que los recursos necesarios para el funcionamiento de esta comisión asesora y para sufragar los gastos de reparación se encontraban contemplados en el presupuesto del fallido Instituto Nacional de los Derechos Humanos”.

 

Por ello, manifestaron que esperan que el gobierno acoja esta moción “ya que miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se encuentran esperando desde hace un largo tiempo una justa reparación”.