Con el fin de evitar que personas que integren grupos o movimientos violentistas accedan a beneficios como la entrega de tierras que establece de la Ley Indígena, el senador Jaime Orpis, presentó una moción que será analizada por la Comisión de Constitución.
El parlamentario afirmó que “en las últimas semanas hemos visto con estupefacción, como ciertos grupos violentistas han generado desórdenes, han quemado viviendas, han matado el ganado de propiedad de diferentes personas, causan lesiones a ciudadanos y atacan a Carabineros y autoridades”.
Aludió así a los últimos atentados incendiarios que se han registrado en la Región de la Araucanía, en el marco del conflicto mapuche y que han provocado graves daños a la propiedad privada. El último de ellos fue el ataque al Fundo Santa Rosa de propiedad del agricultor Eduardo Luchsinger y que fue reivindicado por la Coordinadora Arauco Malleco.
Explicó que “estas actividades representan un total desprecio por el Estado de Derecho y por el régimen democrático. Esta situación además de nefasta se ve agravada por el hecho de que estas personas tienen un historial en la comisión de actos delictuales e incluso han sido condenados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista”.
Aún así “ellos han sido beneficiados con el otorgamiento de tierras y otras gratificaciones, cuyo costo lo asumimos todos los chilenos. Esto no parece aceptable, porque hay ciudadanos honestos que esperan largamente por tener sus viviendas”.
Por ello, aseguró que “no podemos tolerar, como sociedad que este tipo de actos siga ocurriendo y que los autores, además se vean favorecidos con beneficios fiscales que costeamos todos los chilenos”.
Cabe señalar que entre los beneficiados por la entrega de tierras se encuentran la Comunidad Pascual Coña Lleu Lleu, en Cañete, VIII Región, donde finalmente la Conadi compró para ellos, en 2007, la Reserva Hacienda Lleu Lleu al Banco Security, predio que antes había sido del empresario Osvaldo Carvajal.
Este último, producto de los 53 atentados que vivió entre 1997 y 2005, debió abandonar sus 241 hectáreas. En esta comunidad, al menos, cuatro personas enfrentaron procesos judiciales por hechos violentistas; entre ellos, dos condenados por incendio terrorista. Aquí también viven representantes de reconocidos dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
