Una fórmula para precisar las facultades del Consejo Consultivo y los mecanismos de apelación en caso de controversias, acordaron los senadores de la Comisión de Obras Públicas, para destrabar el proyecto, en primer trámite, que modifica la Ley de Concesiones.

Así lo afirmó el senador Juan Pablo Letelier, presidente de la instancia, quien explicó que el principio de acuerdo alcanzado junto a los senadores Sergio Romero, Carlos Kuschel y Hosaín Sabag y el Subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, deberá ser ratificado mañana, en la Comisión en Valparaíso.

Cabe recordar que, por acuerdo de la Sala del Senado, la iniciativa volvió a la Comisión de Obras Públicas con el fin de emitir un nuevo informe, pese a que ya fue analizada por las Comisiones de OO.PP y de Hacienda, porque se consideró necesario precisar algunos aspectos de la iniciativa, pues existía consenso en la mayoría de las materias, excepto en lo relativo al mencionado Consejo y al mecanismo de apelación.

Sin embargo, el senador Juan Pablo Letelier confirmó que se acotaron las facultades del Comité Consultivo y su composición, “porque en ningún momento sus tareas pueden significar un obstáculo en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Obras Públicas”.

El parlamentario indicó que “se precisó además la composición de esta instancia; en qué situaciones se le pueden pedir informes a este Consejo y en qué plazos tienen que emitirse”.

Añadió que se “clarificó también quién tiene la capacidad de reclamar en qué materias y en qué momento de la ejecución de una obra”, ya que una de las principales preocupaciones de los parlamentarios era que estos procedimientos no podrían significar paralizaciones o demoras excesivas en la ejecución de las obras.

Por otra parte, el senador Letelier aclaró que en lo relativo al Comité Técnico, “nunca la Comisión de Obras Públicas ha tratado de entregarle facultades que no le son propias”. Indicó que el vocablo “observar” que se le atribuye a esta instancia es la que se ha sacado de contexto “pero no se pueden confundir sus funciones y facultades con las del inspector técnicos o de obras ni menos que podrá en algún momento paralizar las obras”.

Puntualizó que “la Comisión técnica tendrá derecho a requerir información pero en ningún momento podrá asumir funciones que no le corresponden. Otra cosa es que esos informes puedan servir de base para que otras entidades ordenen aquello pero no es la Comisión la que tiene esas facultades”.

En lo fundamental, el proyecto iniciado en un mensaje del Ejecutivo apunta a garantizar el cumplimiento de determinados niveles de servicio y estándares técnicos en las obras concesionadas; aumentar la transparencia de los contratos y perfeccionar los mecanismos de resolución de controversias.