El Senado respaldó por unanimidad, el proyecto de acuerdo de los senadores Alejandro Navarro, Pedro Muñoz Aburto, y Guillermo Vásquez donde piden a la Presidenta de la República que envíe a tramitación un proyecto que permita recuperar el poder adquisitivo de un centenar de funcionarios del ex Congreso Nacional, que fueron jubilados durante el régimen militar. La iniciativa también beneficiará a las montepiadas.

La iniciativa se fundamenta en que “estos funcionarios y sus montepiadas se encuentran en una precaria situación ya que las rentas que perciben en la actualidad se ubican entre los $120.000 y $380.000 lo que representa una pensión 350% menor a la que debieran percibir si hubiese habido una aplicación correcta de las normas que rigen su cálculo”.

Los senadores impulsores del proyecto de acuerdo explicaron que “al momento de su despido, a estos funcionarios les recalcularon sus respectivas pensiones con un gran error, ya que se les hizo un cálculo promedio de sus últimas 36 rentas, sentándose así un nefasto precedente”.

Es decir, no se les aplicaron las leyes especiales del Congreso Nacional N° 6.270 y la N° 8.040 modificada por la Ley N°10.000 sino que por el contrario solo se rigieron por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

De este modo se contravino “el principio jurídico que señala que la Ley Especial prima sobre la Ley General, ya que las leyes especiales indican que el monto inicial de los funcionarios del Congreso Nacional es aquel que equivale a la última renta total”.

Los legisladores impulsores de esta iniciativa aseveraron que “los funcionarios del Parlamento que jubilan hoy lo hacen con una pensión inicial de 45 UF, unos 900.000 pesos, no obstante, que las jubilaciones actuales pueden llegar hasta las 60 UF”.

Aseguraron que “el Estado debería desembolsar unos 55 millones de pesos mensuales para satisfacer la justa demanda de estos ex funcionarios del Congreso despedidos poco después del golpe militar en 1973. La suma es exigua para las instituciones de previsión social y además la mayoría de los ex funcionarios beneficiados se encuentran en un estado de avanzada edad, por lo que tampoco sería un gasto permanente para el Fisco”.

Finalmente, puntualizaron que “estas personas dieron parte de sus vidas como funcionarios de este Poder del Estado y fueron destituidos de sus cargos por efecto del cierre del Congreso Nacional, por lo que merecen pensiones dignas”.