Con el envío de un oficio al Ministro de Justicia, Carlos Maldonado para que proponga una política que permita solucionar el hacinamiento y tratos degradantes que se producen en los diferentes establecimientos penitenciarios del país, el Senado aprobó el Protocolo adicional de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002.

Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Gazmuri, Hernán Larraín, Jaime Naranjo, José Antonio Gómez y Alejandro Navarro quienes manifestaron su esperanza de que este instrumento contribuya a superar las graves falencias que experimenta el sistema carcelario.

El senador Jaime Gazmuri, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, entregó una detallada cuenta de este instrumento que obliga a los países firmantes a contar con uno o varios organismos nacionales de prevención que realicen visitas periódicas a los recintos de detención de tal manera de verificar si se cumplen sus principios”.

Sin embargo, aclaró que “tanto el Subcomité de Naciones Unidas como los organismos nacionales de prevención solo tienen la capacidad de prevenir o sugerir y, por lo tanto, no hay ninguna cesión de jurisdicción ni soberanía”.

Pese a ello, dejó constancia de las severas falencias del sistema carcelario chileno que sufre “hacinamiento, malas condiciones higiénicas y falta de un sistema de rehabilitación”, tal como lo informó a la Comisión la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.  

Por su parte, el senador Hernán Larraín puso énfasis en este informe que entregó a la Comisión de Relaciones Exteriores la Fiscal Judicial y el oficio del Fiscal Nacional, sobre la actual situación del sistema de cárceles chilenas y señaló que “Chile no puede estar ausente de esta discusión, porque lo que está ocurriendo en el sistema de las cárceles es grave, ya que la población penal pasó desde octubre de 2003, de 38.000 personas a 48.998 internos el 2008”.

Por ello, solicitó al Senado el envío de un oficio al Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, para que “proponga una política gubernamental que permita solucionar las falencias y tratos degradantes e inhumanos que se producen en los diferentes establecimientos penitenciarios del país”.

En tanto, el senador Jaime Naranjo lamentó que “todavía persistan en nuestra sociedad situaciones de tortura y tratos degradantes, por eso me parece importante este instrumento porque agrega una nueva dimensión a los esfuerzos que se hacen a nivel nacional e internacional para erradicarlas definitivamente”.

Explicó que “al aprobar este Protocolo estamos reconociendo que no solo en nuestro país se deben respetar los derechos humanos sino también a nivel internacional, porque de pronto nos olvidamos de este carácter universal y aceptamos que la tortura opere en otros países”.

A su vez, el senador José Antonio Gómez, dejó constancia de que “ningún Protocolo internacional tendrá efecto si no se cuenta con los recursos necesarios para resolver estos problemas. Por lo tanto, creo que también hay que convocar no sólo al Ministro de Justicia sino también al Ministro de Hacienda para que propongan un plan”.

Puntualizó que “el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas son parte de temas muy complejos y, por lo tanto, debemos estar conscientes de que pasan por una falta de recursos humanos y financieros, porque Gendarmería tendrá serias dificultades para poner en práctica estos principios”.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro hizo hincapié en que los últimos informes internacionales sobre la situación carcelaria al país, “arrojan un grave incumplimiento de los estándares mínimos de las condiciones de reclusión  en las cárceles chilenas. Por ello, todo lo que contiene el Protocolo se desmienten por sí mismo en estos informes”.

Por lo tanto, instó al Ejecutivo y a los parlamentarios a tomar conciencia de esta situación y abordar medidas de fondo para resolver esta realidad “porque el sistema de concesiones de cárceles fracasó al igual que la política de rehabilitación de personas privadas de libertad”.