Luego que el Ejecutivo y la Alianza presentaran una serie de indicaciones que sustituyen en gran medida el proyecto que penaliza las conductas constitutivas de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, la Comisión de Constitución convino en que los expertos que estuvieron a cargo de su elaboración, intercambien sus puntos de vista antes de que la instancia entre de lleno al análisis de la materia.
Así lo informó el integrante de la Comisión de Constitución, senador Hernán Larraín, quien junto a los senadores Alberto Espina, Andrés Chadwick y Sergio Romero, presentaron una serie de indicaciones para perfeccionar la propuesta original. También presentaron indicaciones a la iniciativa los senadores Jorge Arancibia, Ricardo Núñez y Carlos Ominami.
“Nos preocupamos de mejorar y legislar en el país sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, porque nos parece que es esencial tener eso regulado, antes de tomar la decisión de incorporarnos al Tratado que crea la Corte Penal Internacional” explicó el senador Larraín.
Agregó que “para nosotros es muy importante que Chile regule esos delitos y los regule debidamente, porque si el día de mañana estamos incorporados al Tratado, entonces la soberanía de Chile va a ser prioritaria a la del tribunal, que es lo que corresponde. Si por el contrario, nosotros no la tuviéramos regulada entonces estaríamos con un vacío que podría ser llenado por la Corte Penal, cosa que no nos parecería adecuada porque los hechos ocurridos en Chile deben ser regulados por los tribunales chilenos y sólo excepcionalmente admitir una eventual participación de terceros”.
TRABAJO TÉCNICO
Según explicó el senador Larraín, el objetivo central de las indicaciones apunta a corregir el proyecto original y contar con la mejor legislación sobre la materia. Por ello, se acordó trabajar primero a nivel de expertos en tipificación penal y luego a nivel de senadores.
“Hemos convenido con el presidente de la Comisión, José Antonio Gómez, que los expertos que trabajaron en nuestro proyecto y en los del gobierno se junten y una vez que ellos lleguen eventualmente a un acuerdo o a lo que lleguen, entonces entramos a trabajarlo a nivel de la comisión”, explicó.
Agregó que la idea es acercar opiniones a nivel de técnicos legislativos y si bien no se fijaron un plazo, señaló que “creemos que esto no debiera tomar tanto tiempo, tratándose de una materia que está muy conocida y muy bien estudiada. Además son tres delitos bien acotados que tienen el marco del propio Tratado Penal Internacional, así es que no debiéramos tener muchas dificultades”.
Las indicaciones del Ejecutivo describen y sancionan los delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra.
Se configurarán cuando sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra un número considerable de personas; y que éste responda a una política del Estado o de sus agentes, de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que les permita fundadamente favorecer la impunidad de sus actos.
Se sanciona a quienes lesionen a otro dejándolo demente, inútil para el trabajo, notablemente deforme, mutilado; a quienes priven a otro de su capacidad de reproducción biológica; a los que amenacen u obliguen mediante violencia a una mujer a practicarse un aborto; a los que reduzcan a otro a condición de esclavo; a quienes torturen y secuestren, entre otras medidas.
También se sancionará al que someta a otro a condiciones de existencia capaces de causar su muerte, con el propósito de destruir parte de una población; al que someta a otro a experimentos sobre su cuerpo o su mente, a una extracción de tejido u órgano, o a cualquier tratamiento médico no consentido.
