En lo que ha sido una constante durante el actual gobierno, se aprecia una persistente campaña para obstruir la agenda laboral, personificada en el Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, la que se intensifica cada cierto tiempo.
Tal empeño se concreta en habituales críticas a todos los avances realizados, culpándolos del bajo crecimiento y en la reiterada aspiración de mayor “flexibilidad”, que desconoce los elementos ya existentes en nuestra legislación y que encuentra su paradigma en el modelo danés, destacando de él sólo su facilidad para el despido, pero sin considerar sus altos niveles de sindicalización y negociación colectiva, así como la elevada carga impositiva que financia su sistema de protección social.
Los últimos disparos de esta reiterada ofensiva han pretendido, por una parte, la eliminación de la indemnización por años de servicio, antigua conquista laboral de los trabajadores, cuestión que la Presidenta zanjó al enviar al Congreso Nacional el proyecto que perfecciona el seguro de cesantía.
Por otro lado, se ha buscado crear un clima contrario a modificar las normas en materia de negociación colectiva, pese a que resulta evidente que constituye una imperiosa necesidad y a que el Gobierno ha sido claro en que está elaborando un proyecto moderado, que ampliaría la cobertura, pero, al mismo tiempo, facilitaría los procesos de negociación, hoy excesivamente reglados y extendería los temas susceptibles de abordar, incluso abriendo la vía a una adaptabilidad pactada.
Eso es lo propio de un país moderno y lo que muchos de los empresarios que invierten en el extranjero - y sus teóricos - ven funcionando en otras naciones, sin los sobresaltos y externalidades negativas que les atribuyen acá
Conviene reseñar al respecto algunas cifras recientes, que provienen de la Encuesta de Percepciones sobre Relaciones Laborales y Equidad, elaborada por el Consejo de Trabajo y Equidad, para dar cuenta que nuestro análisis tiene un fuerte respaldo empírico.
En ella, el 80% de los trabajadores considera que el sindicato es importante o muy importante para conseguir un trato justo por parte de la empresa. Un 77% de los trabajadores piensan que el sindicato de su empresa es importante o muy importante para obtener mejores salarios. Para un 66% de los trabajadores la relación entre el sindicato y la empresa es cooperativa o muy cooperativa, mientras que sólo un 3% la calificaría como muy conflictiva, lo cual despeja uno de los principales argumentos para demonizar a los sindicatos. Finalmente, nada menos que el 81% de los encuestados considera que se debería aumentar la capacidad de los trabajadores de negociar colectivamente con sus empleadores.
Vale decir, existe plena conciencia de la importancia de fortalecer los sindicatos, de las falencias de la legislación vigente y, más aún, de la necesidad de mantener relaciones armónicas y cooperativas con el empleador, como por lo demás ha ocurrido desde el retorno a la democracia, demostrado en las bajas tasas de conflictividad, muy por debajo de lo augurado al tramitarse las diversas reformas laborales.
Entonces, seguir disparándole al Ministro Andrade e insistir en normativas que tienden al desequilibrio en las relaciones laborales y a la desprotección de los trabajadores, que nuestro país ha ido superando, es apuntarse a los pies, pues dificulta mejorar nuestra precaria distribución de la riqueza y con ello obtener una mayor paz y estabilidad social.
