Convencido de que es posible lograr una mesa de negociación entre las autoridades y el Colegio de Profesores para abordar el tema de la deuda histórica de este gremio que afecta a unos 100 mil profesores se mostró el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar quien se reunió con la Directiva del Colegio de Profesores que preside Jaime Gajardo y con más de 200 docentes activos y jubilados que llegaron hasta el ex Congreso Nacional.

El senador Zaldívar se comprometió a entregar el estudio realizado por el Colegio de Profesores sobre la deuda histórica del sector, cuyo daño patrimonial se calcula en unos US$ 14 mil millones, a la Presidenta Michelle Bachelet y a la Ministra de Educación Mónica Jiménez.

Aseveró que “estamos ante un problema que más que del Estado es de la sociedad chilena en general, ya que data de 1981, cuando los profesores fueron traspasados al sistema municipalizado y no podemos aspirar a hacer una reforma a la educación si no reconocemos la situación de los profesores de Chile”.

Cabe señalar que los representantes del Colegio de Profesores entregaron un estudio sobre el alcance y los efectos de la denominada deuda histórica del profesorado que se gestó en 1974 con la rebaja de las remuneraciones del magisterio.

Para atenuar estos efectos, en enero de 1981 se publicó el Decreto Ley N° 3.551 que autorizó el pago de  bonificaciones no imponibles para los distintos sectores docentes afectados, sin embargo, en febrero de ese mismo año comenzó la municipalización de la educación y a los profesores traspasados se les dejó de pagar dicho aumento, argumentando que “los profesores dejaban de ser empleados públicos y pasaban a ser privados”.

En esta situación se encuentran cerca de 100 mil profesores, de los cuales un pequeño porcentaje de maestros recurrieron a los tribunales de justicia y ganaron los juicios respectivos que fallaron a favor del pago mensual del beneficio de bonificaciones y que asciende en promedio a unos $231.000 mensuales, para cada docente.

Esto significa que si se calcula este daño mensual por el total de meses y años, cada maestro ha dejado de percibir cerca de $74.884.000 desde febrero de 1981 a enero de 2008, es decir, se ha infringido un daño patrimonial de unos US$ 14 mil millones al profesorado.

Por estas razones, el Colegio de Profesores aseguró que su postura es llegar a una “negociación con las autoridades del país para atenuar este daño patrimonial individual y colectivo” y para eso solicitaron la cooperación del Presidente del Senado.

Al respecto,  el senador Aldolfo Zaldívar afirmó que “las obligaciones y responsabilidades que derivan de esta situación no solo la tienen quienes idearon o construyeron el sistema municipalizado en el año 81 y que incurrieron en el incumplimiento del pago de la asignación no imponible a los profesores, sino también a quienes mantuvieron esta condición a lo largo de los años, incluyendo a la Concertación”.

Admitió que “se trata de un problema que involucra importantes recursos y los mismos profesores, al menos su directiva, tienen conciencia de su magnitud, pero aún así hay que tratar de encontrar una solución”.

Por ello, manifestó su esperanza de que las autoridades de Gobierno encabezadas por la Presidenta Bachelet acojan estos antecedentes y, en conjunto con el Colegio de Profesores se sienten en una mesa para superar las dificultades”.  En ese sentido, anunció que “también en el Senado vamos a tener una sesión especial, para abordar estos temas y proponer posibles soluciones”.

Al ser consultado sobre qué sucederá con la calidad de la educación que sigue siendo deficiente, el senador Zaldívar dijo que “es una situación que no puede continuar, porque el país perdió el rumbo en materia de educación y las evidencias no están solo en la educación básica y media, sino también en el plano universitario”.

Agregó que “tenemos que ir a una reforma integral de la educación y, para ello, el Estado debe asumir su obligación que es la educación pública y eso tiene que conjugarse con la libertad de enseñanza. Creo que  eso no se contradice en absoluto. Puede haber una plena y vigorosa libertad de enseñanza traducida en cientos de miles de instituciones que imparten educación pero eso no significa que el Estado renuncie a su deber de educar”.