Después de un intenso debate y estudio de las diversas indicaciones que presentaron los senadores y el Ejecutivo, la Comisión de Salud del Senado aprobó y despachó a la Sala el proyecto que regula los derechos de los pacientes y la denominada muerte digna, iniciativa que es considerada una de las leyes marco de la reforma de la salud.
Así lo informó el presidente accidental de la citada instancia legislativa, senador Mariano Ruiz-Esquide, tras señalar que “este es un proyecto éticamente básico de la reforma de salud y creo que con esto se terminan todos los antecedentes que se refieren a ella. Nosotros hemos presentado un proyecto adicional que no está incluido en la reforma y que busca llegar a fondo en los cambios a la Ley de Isapres, que es lo que estaría faltando”.
Cabe recordar que este proyecto sobre los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, que está cumpliendo su segundo trámite en el Senado, apunta a establecer un marco regulatorio en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud de las personas, independiente de que el prestador sea público o privado. Asimismo regula la denominada “muerte digna”.
Según explicó el senador Ruiz-Esquide, durante la discusión en particular del proyecto se debatió acerca de la edad conveniente que debe tener un niño entre los 14 y 18 para participar de las decisiones respecto de su salud y de los tratamientos que se le pueden aplicar.
En tal sentido, dijo que se optó por mantener el criterio del Ejecutivo, en cuanto a que a los mayores de 14 y menores de 18 años, la información debe ser entregada directamente a ellos, así como a sus padres o representante legales.
“Lo más importante es que se precisa de manera indiscutible el respeto que debe tenerse por los padres y por la familia cuando se trata de menores.
Se precisa la edad en la que los menores tienen derecho a ser consultados, sobre todo en la aplicación de tratamientos, en el alta y en el caso de medidas más invasivas”, precisó.
DERECHOS DE PACIENTES
El senador Ruiz-Esquide explicó que durante el trámite en particular la Comisión de Salud “precisó manera clara y adecuada lo que es el uso y el manejo de los conceptos de no a la eutanasia, no al suicidio asistido, no al encarnizamiento terapéutico y sí a la buena muerte y al derecho de las personas a rechazar tratamientos invasivos”.
Cabe recordar que el proyecto original señala que la persona que fuere informada que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida. En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte.
El proyecto también establece que la información sobre estado de salud de los pacientes no podrá ser revelada a terceros, excepto si existen razones de salud pública que lo justifique.
En esa línea señala que los prestadores de atención de salud deberán arbitrar las medidas para proteger la privacidad de la persona durante la atención de salud y para evitar “la toma de fotografías, grabaciones, filmaciones o entrevistas de uso periodístico o publicitario, salvo que exista autorización expresa de la persona y del profesional de la salud que corresponda”.
Entre otras materias, la iniciativa regula el derecho a un trato digno y respetuoso para los pacientes. Para ello, los prestadores deberán utilizar un lenguaje adecuado y comprensible; normas de cortesía y amabilidad; proteger la privacidad del paciente, e indicar si el establecimiento tiene fines académicos.
El texto legal consagra el derecho a información respecto de la atención y las acciones de salud; las condiciones previsionales, documentos y trámites; las condiciones y obligaciones que deben cumplir las personas mientras se encuentran en un establecimiento de salud; y el procedimiento para realizar comentarios, agradecimientos, reclamos y sugerencias.
“Este proyecto fue el primero de la reforma que se envió al Parlamento y parecía absurdo que se hubieran aprobado todos los otros proyectos y el marco general no estuviera. Esto hace un marco adecuado para que tenga legalidad general, consensuada y ética”, sentenció el senador Ruiz-Esquide.