Precisar los parámetros que se utilizarán para medir la calidad de la educación y evitar la duplicidad de funciones de los distintos estamentos estatales en materia de fiscalización de los establecimientos de educación, fueron algunas de las propuestas que surgieron durante la ronda de audiencias que inició la Comisión de Educación sobre el proyecto que crea la Superintendencia del ramo y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

 

En la oportunidad expusieron el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Rodrigo Bosch; el académico del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, Cristian Bellei; el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro; y Daniel Contreras de la Unicef.

 

El representante de los Colegios Particulares destacó la creación de este sistema de aseguramiento de la calidad argumentando que permitirá acercar más recursos pero con mayores exigencias. Agregó que consideran importante la creación de la Superintendencia, pero que estiman que se deben evaluar algunos aspectos.

 

“Lo primero tiene que con el financiamiento adecuado para la definición de estándares que se está tratando de instalar. Si vamos a tener un estándar A necesitamos tener un financiamiento A, y así sucesivamente. En ese sentido, esta institucionalidad no se compromete lo que genera una gran incertidumbre para el sector educacional”, dijo Bosch.

Agregó que otro de los aspectos que se debería evaluar dice relación con la coherencia del actual sistema de fiscalización, pues actualmente hay varias instituciones estatales de manera descoordinado, lo que no sólo provoca una duplicidad de funciones sino que también ineficiencia.

 

“Está el Ministerio de Educación, el Servicio de Impuestos Internos, la Inspección del Trabajo, la Contraloría, y muchas instituciones públicas que hacen exactamente lo mismo. Agreguemos las municipalidades que tienen que realizar labores de fiscalización en el sector privado y  municipal, pero en muchas ocasiones el problema es que están actuando de manera descoordinada e ineficiente”, señaló.

 

Por su parte el representante de Unicef manifestó que el proyecto entrega una señal correcta, pero advirtió que “es muy relevante que podamos discutir sobre qué vamos a entender por calidad. En nuestra concepción el proyecto tiene un tratamiento desigual de algunos aspectos. Están los asuntos de aprendizaje muy bien tratados, pero hay otras cuestiones referidas a las condiciones del proceso educativo y a los desempeños institucionales, que no aparecen con la misma fuerza”.

 

REVISIÓN EXHAUSTIVA
 
En tanto, el presidente de la Comisión de Educación, senador Alejandro Navarro señaló que el proyecto va a requerir mayores definiciones, sobre todo en materia de fiscalización y evaluación, pues existe una omisión respecto de los procedimientos e instrumentos para mejorar la calidad.

 

“Van a haber estándares para medir resultados, comportamientos de docentes y de directivos, pero no basta solo fijar el estándar sino que también los procedimientos sobre los cuales se va a apoyar que esos estándares se cumplan”, señaló.

 

Agregó que “la indefinición respecto de cuanto vale dar una educación de calidad sigue pendiente, porque la exigencia de un mismo estándar a escuelas ubicadas en sectores de bajos ingresos y que tienen debilidades estructurales e institucionales van a ser los mismos y eso puede provocar una nueva segregación al establecer un concepto homogéneo de exigencia a escuelas que están en diferente situación socio -económico”.

 

Asimismo, señaló que tampoco está considerado en el proyecto qué tipo de mecanismos de apoyo tendrán aquellos colegios o establecimientos que estén mal.

 

El legislador explicó que en las sesiones siguientes la Comisión escuchará a los representantes de las distintas Superintendencias para conocer cómo ha sido la experiencia de esas instituciones y a Mario Waissbluth quien impulsa el modelo Educación 2020.