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Valparaíso | 03/10/2008 | Departamento de Prensa |

La crónica de una muerte anunciada

Por Baldo Prokurica, Vicepresidente del Senado

Vicepresidente del Senado, Baldo Prokurica

Desde los inicios de este debate en 2004, hemos advertido claramente al Ejecutivo que el amarre de los recursos obtenidos por concepto de royalty minero -o regalía minera- al fomento de la innovación tecnológica en Chile, constituía la crónica de una muerte anunciada. Y hoy estamos asistiendo a la agonía de una iniciativa que surgió sobre la base de sucesivos engaños de las autoridades respecto al destino final de los fondos recaudados por el cobro de impuestos a la extracción mineral por parte del Estado.

 

Y la lápida final la terminó de poner el Ejecutivo cuando el 21 de mayo pasado la Presidenta anunciaba que parte de esos cuantiosos recursos pasarían a financiar becas para estudios en el extranjero. Un anuncio que terminó matando la iniciativa y confirmando a la ciudadanía que sus expectativas respecto al buen uso de esos fondos estaban lejos de cumplirse.

 

Ahora, las Comisiones Unidas de Educación, Minería y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación confirman nuestros temores: pese al compromiso del Ministerio de Economía de enviar una nueva propuesta que rediseñará el Fondo de Innovación, ante las fundadas dudas de muchos parlamentarios sobre su real impacto para las regiones mineras, esas indicaciones no han llegado. No hay muchas lecturas posibles para esta actitud, sino entender que lo recaudado por regalías mineras no tiene destino claro y sigue sumido en las sombras. Peor aún, que al gobierno no le interesa mejorar un proyecto plagado de imprecisiones.

 

Desde que se concibió este royalty, el objetivo planteado fue el de compensar al país, especialmente a las regiones mineras, por las riquezas obtenidas de nuestro subsuelo. Pero a medida que ha avanzado su debate, las autoridades han cambiado sucesivamente el foco, hasta el mencionado anuncio presidencial para financiar becas en el exterior, que terminó de burlar los compromisos adquiridos por el gobierno con quienes decidimos respaldar la iniciativa del royalty. Fue entonces cuando muchos pudimos comprender por qué el proyecto sobre el fondo de innovación tecnológica, amarrado a este royalty, tardaba tanto en su tramitación. Hoy los recursos para asignación de becas de estudio se invierten a dedo, están a cargo de burócratas que poco o nada entienden de estos asuntos, y benefician mayoritariamente a personas vinculadas a la Concertación.

 

En el olvido quedó, entonces, el supuesto espíritu original de esta iniciativa, que buscaba invertir recursos valiosísimos en iniciativas útiles para el país, en particular para las zonas mineras. Por eso, advertimos al gobierno que no seguiríamos participando en el debate para este fondo de innovación. Porque nunca se nos dijo la verdad. El royalty ha sido mal administrado y se ha terminado engañando a la población. En mi región, la de Atacama, por ejemplo, parte de las platas del royalty perfectamente podrían dar solución a la grave escasez de agua, invirtiendo en la construcción de una planta desalinizadora que beneficie realmente a la población afectada por un problema de larga data y retribuya precisamente a una región que aporta, a su vez, cuantiosos ingresos a las arcas fiscales gracias a la minería.

 

Sigo creyendo que esta iniciativa tiene un pecado original: mezclar los recursos del royalty con los de innovación. Estoy seguro que las necesidades más urgentes que se nos juró cubrir con esta ley están muy lejos de temas vinculados a la innovación. En Atacama, por ejemplo, se necesita invertir en soluciones para la falta de agua y en una atención pública de salud digna.

 

Y que mis palabras no se interpreten como un portazo a la innovación. Ciertamente que necesitamos de ella en Chile para alcanzar el ansiado desarrollo, pero esa necesidad requiere de una política seria, que por separado, a través de una iniciativa específica, estimule la innovación a todo nivel, especialmente en la empresa.
 
La paradoja sigue vigente, porque las comunas de zonas mineras, donde tantas riquezas se generan, siguen sin poder cubrir sus necesidades mínimas para equipar debidamente sus hospitales, consultorios ni colegios. Muchas, para peor, ni siquiera pueden asegurarse el agua a mediano plazo.