En un mundo mediático donde la seguridad ciudadana se ha transformado en un problema político es difícil analizar en profundidad este tema que se traduce en abordar políticas públicas erróneas que apuntan a los efectos y no las causas del fenómeno.

 

Desde hace varios años estudios de diversa naturaleza nos muestran que existe una relación directa entre el consumo de drogas y el fenómeno delictual. Se produce porque consumir cuesta caro y para hacerlo cuando no se tienen recursos se recurre especialmente al robo o hurto.

 

Ya en el estudio efectuado en el año 2002, entre CONACE y Gendarmería la adicción aparece en segundo lugar como una de las principales razones por las cuales la población penal comete delitos. Este análisis fue ratificado en el año 2005 por la Fundación Paz Ciudadana ya que todas las Comisarías se practicó el test de drogas a quienes habían sido detenidos por delitos flagrantes.

 

Entre quienes habían cometido robo con fuerza, un 72% estaba bajo los efectos de cocaína o pasta base y un 48% marihuana o policonsumo. En tanto, en el caso del robo con violencia; un 74% estaba bajo los efectos de la cocaína o la pasta base y un 42% con marihuana. De este universo estudiado, 86,3% había sido detenido durante los últimos 12 meses, es decir, ya se habían iniciado en el círculo del delito para financiar consumo.

 

La droga quiebra por completo los esquemas tradicionales a través de los cuales debe analizarse el fenómeno y lo más delicado es que hoy se ha agregado otro elemento: la violencia. Existe un desprecio total por la vida de la víctima.

 

Las políticas públicas no dan cuenta de ninguno de estos fenómenos y lo único aconsejable es ampliar drásticamente la cobertura en rehabilitación. Un gran porcentaje de la población penal del país que hoy alcanza a las 40 mil personas es adicta a alguna droga y en el sistema de rehabilitación no existen más de 500 cupos.

 

La rehabilitación fue incorporada al AUGE sin resultados. Hoy día la población que presenta consumos problemáticos supera las 200.000, sin embargo, la cobertura de rehabilitación escasamente alcanza a 15.000 cupos y en su inmensa mayoría son programas bastantes básicos que tampoco tienen efecto.

 

En la ley de responsabilidad Juvenil se ha levantado una oferta de rehabilitación pésimamente mal implementada y, al paso que vamos sus efectos serán prácticamente nulos.
 
Por eso resulta fundamental cambiar el eje de la discusión pública, sacarla de la discusión política y abordarla desde un punto de vista técnico, ya que debe estar centrada en la prevención del delito y la rehabilitación y no en aumento de penas y cárceles.

 

Se necesita rectificar la implementación de la ley de responsabilidad penal juvenil en materia de rehabilitación; perfeccionar los programas del AUGE; instaurar programas de rehabilitación al interior de las cárceles y promover la prevención obligatoria en todos los colegios del país.