En condiciones de ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto, en segundo trámite, que exime a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 UF ($15.750.000) del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado.

Esta iniciativa legal, iniciada en moción de diputados fue aprobada por  la Comisión de Vivienda, que preside el senador Jaime Naranjo tanto en general  como en particular. particular.

Al respecto, el senador Naranjo aseguró que “se estableció como límite máximo del beneficio a todas las viviendas hasta 750 UF que hayan recibido todo o parte, del subsidio de parte del Estado y, paralelamente, se establecen sanciones a las empresas que hagan estudios de factibilidad y que después no se comprometan en la ejecución propiamente de las obras, porque si se hace un estudio tiene que ser responsable”.

Recalcó que lo importante es que todo el estudio y la ejecución del mismo se hagan en forma responsable con la ejecución y lo que ello implica porque “de lo contrario, se deja al libre arbitrio la realización de estudios que están muy por debajo  de las posibilidades reales”.

El parlamentario añadió que “también se faculta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en aquellos casos donde no haya interesados o una situación forzada, a proceder o actuar ante una situación excepcional o extrema”.

Indicó esta iniciativa tendrá “un tremendo impacto para las viviendas sociales que se encuentran cercanas a los radios urbanos ya que muchas veces tienen que asumir costos altísimos para acceder al agua potable, lo cual se traduce en que no pueden implementar ni siquiera el subsidio”.

Por su parte, el senador Antonio Horvath anticipó que en el debate de la Sala pedirá al Ejecutivo que “aclare que los costos de estas conexiones a la red de agua potable y alcantarillado no serán traspasados al resto de los usuarios”.

El legislador manifestó que “si se obliga a financiar el costo de estas conexiones -independientemente que sea la empresa o la sanitaria- este mayor precio lo terminará pagando el modelo, es decir, la gente que está en el sistema sanitario”.

Por ello aseguró que “queremos despejar esta situación en la Sala y voy a incorporar las indicaciones pertinentes para que no sea el resto de los usuarios del agua potable y del alcantarillado los que finalmente paguen los subsidios, porque al final, lo que va a ocurrir es que se va a encarecer el precio del agua. Por lo tanto, si hay un subsidio eso debe asumirlo el Estado”.

Cabe señalar que, en lo fundamental, la iniciativa apunta a apoyar a las familias de menores recursos y permitirles mejorar su calidad de vida, ya que en la actualidad, a los beneficiarios de los programas para este tipo de viviendas, les resulta más cara la conexión a la red de agua potable que la casa en sí misma.

La iniciativa también apunta a facilitar la construcción de viviendas sociales, simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios.

Para ello se dispone que la exención del cobro de Aportes Financieros Reembolsables (AFR) se aplicará cuando se trate de proyectos habitacionales destinados a la atención de familias vulnerables,