Observaciones de constitucionalidad a cinco artículos del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación hizo el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, durante su exposición ante la Comisión de Educación del Senado.

 

Así lo manifestó el presidente de esa instancia legislativa, senador Alejandro Navarro, al término de la sesión en la que también se escuchó las opiniones que tienen sobre la iniciativa los representantes del Colegio de Profesores y de los Decanos de las Facultades de Educación del país.

 

Según explicó el parlamentario “hay una observación de la contraloría respecto de un conjunto de articulados que eximen a la superintendencia de rendición de cuentas y de control. La Superintendencia más bien  reemplaza funciones que son propias de la Contraloría y ésta ha observado que esas son funciones, tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica, propias de la Contraloría cuya tarea no se reduce solo a la toma de razón. Ha planteado una observación de constitucionalidad de al menos cinco artículos”.
 
Se trata de las disposiciones relativas al control que son traspasadas a la Superintendencia, en circunstancias que es una facultad prioritaria de la Contraloría. Del mismo modo, hay un problema de entendimiento en tres artículos que hacen alusión al control nacional del sistema, pues la fiscalización nacional de la rendición de cuentas de recursos públicos está siempre a cargo de la Contraloría.

 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

 

Pero además de las observaciones que hizo el Contralor, el senador Navarro manifestó que tanto los decanos como los representantes del magisterio señalaron que el proyecto tiene problemas estructurales.

 

“Una agencia de aseguramiento de la calidad de la educación lo primero que tiene que hacer es ver qué entendemos por calidad y eso está en cuestión. Una superintendencia que tiene por objetivo el control de los recursos públicos, también está en cuestión desde el punto de vista de los procedimientos a utilizar, entonces estamos con observaciones estructurales”, advirtió.

 

Agregó que la Superintendencia opera bajo un criterio basado en resultados y no en procesos, lo que dificulta una evaluación.

 

En tal sentido, dijo que el presidente de los Decanos de las Facultades de Educación, Abelardo Castro, planteó que el proceso en la Agencia de Calidad hace asimilaciones que no tienen consistencia científica y que el mecanismo de control a través de pruebas sistemáticas de carácter nacional no garantizan una adecuada evaluación del proceso educativo.

 

Por otra parte, señaló que el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, manifestó su inquietud por que la iniciativa estaría restando atribuciones propias del Ministerio de Educación.

 

Asimismo, recordó que durante la exposición del filósofo y sociólogo Juan Casassus quedó en evidencia la necesidad de definir qué tipo de educación se quiere para el país.

 

“La pregunta es qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de ciudadanos queremos formar cuando lo esencial de este tipo de educación es la competencia por la nota o por el resultado. Siento que debemos permear más el proyecto de Superintendencia de una concepción que nos aleje sólo de los resultados y nos integre más a esta opción integral de los procesos y de la valoración de las relaciones interpersonales al interior del aula y en relación de la escuela con la sociedad”, puntualizó.