La verdad es que a mí me extraña la discriminación, porque en nuestra sociedad ya discriminamos, por ejemplo, a los trabajadores: unos son afiliados de las AFP, otros están en el INP; aunque realicen las mismas actividades y tengan los mismos grados; unos se jubilan con el 48, o 50 por ciento del sueldo en actividad y los otros se van casi con el ciento por ciento.
Y también hay otra cruel discriminación, que es en el caso de los beneficiarios de las pensiones básicas, asistenciales. Hoy día dichas pensiones son llamados “PASIS”, y ayer eran “pensiones asistenciales”.
Señor Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, ¿qué diferencia hay entre una persona que gana 60 mil pesos y la otra que con un pequeño adjetivo gana 60 mil pesos?
Ahora, a quiénes se le dan pensiones asistenciales. A la gente que efectivamente no tiene recursos. Yo no conozco al menos en mi Región de la Araucanía, ya que no quiero ser presuntuoso de hablar de todas las Regiones; hablo de la mía- casos de personas que tengan una pensión asistencial o una pensión básica y que tengan recursos.
Porque hay un chequeo -en este caso de las asistentes sociales- en donde se comienza el trámite, que llega hasta la exageración de lo puntilloso en otorgar, en calificar, el puntaje para postular a una de estas pensiones.
Y yo creo que todos los senadores conocemos casos dramáticos de personas que hasta hace un tiempo no muy lejano esperaban tres, cuatro, cinco años la tramitación burocrática de la concesión de la pensión, en que se le daban puntajes altos a gente muy modesta y a los nueve meses que se demoraba el trámite le decían que había sido rechazada pero que se la iban a mandar de nuevo.
Y efectivamente se la mandaban de nuevo a trámite con el mismo puntaje, a sabiendas de que no se la iban a conceder. Y se creaba un martirio cada nueve meses a estas mujeres, a estos hombres, para que, después de cuatro o cinco años, alguien le dijera la verdad, de que nunca iba a alcanzar esa pensión mínima. ¿Realmente con 60 mil pesos cómo puede sobrevivir una persona?.
Por eso que yo me sumo al planteamiento de mis pares en el sentido de que el 7 por ciento de salud no se le debe descontar a los beneficiarios de pensiones asistenciales. Lo más lógico es que ¡nadie que tenga una pensión asistencial. tenga que pagar ese 7 por ciento!
Debemos reconocer que hemos cometido errores legislativos. Resulta casi kafkiano de que por un resquicio legal, hayan perdido la cuota mortuoria aquellos que tenían pensiones de invalidez, que tenían problemas de enfermedades -yo diría- prácticamente terminales. O sea, se les quitaba a los que estaban más próximos a morir, que a aquellos que tenían la pensión simplemente de vejez.
Por eso es que en un afán de mejorar esta situación que afecta a centenares de personas he pedido al ministro del Trabajo y por supuesto al Ministerio de Hacienda que puedan hacer llegar una indicación en algún proyecto de ley que determine que nadie, absolutamente nadie que sea beneficiario de pensiones asistenciales básicas -hoy día conocidas como “PASIS”- paguen este 7 por ciento de salud.