Duras sanciones y multas que pueden llegar a las 800 UTM, es decir $29.528.000, contempla el proyecto que establece normas para combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual e industrial, que fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado.

 

Con ello, la instancia que preside el senador José Antonio Gómez, terminó el estudio en particular de la iniciativa que cumple su segundo trámite y ahora corresponde que sea votada por la Sala de la Cámara Alta.

 

Según explicó el presidente de la Comisión “se aumentó el rango de aplicación de este proyecto de ley, a los delitos que digan relación con marcas comerciales. Originalmente sólo estaba contemplado para cuestiones de propiedad intelectual, como libros, música y receptación y ahora se incluye la propiedad industrial”.

 

Agregó que la iniciativa también establece un sistema especial de entregas controladas “que es similar a la que se utiliza con la ley de drogas. Con el objeto de encontrar a más gente involucrada, se hacen entregas controladas de productos ilegales, para lo cual se faculta al Ministerio Público para hacerlo”.

 

El senador Gómez explicó que también se aumentó la pena para reincidencia del delito de comercio clandestino y se hizo una modificación para establecer un sistema de gradualidad de las penas de comercio ilegal y clandestino de acuerdo a la gravedad y la cuantía.

 

ALCANCES DEL PROYECTO

 

El objetivo del proyecto es combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de estos delitos.

 

Si bien la mayoría de los esfuerzos por perseguir este tipo de delitos están focalizados en sancionar al vendedor, no son suficientemente eficaces para alcanzar a los productores, administradores o jefes de las organizaciones que están detrás de esta actividad ilícita.

 

Para ello, aumenta las penas aplicables a los jefes o a quienes hayan ejercido mando en un tipo de asociación ilegal en particular, imponiéndoles una multa de 200 a 800 UTM

 

Asimismo, busca mejorar las herramientas investigativas que permitan a las policías la mejor persecución de los autores de las infracciones pertinentes.

 

En lo fundamental, el proyecto apunta a establecer una pena aplicable a los jefes o a quienes ejerzan mando y a los provocadores de asociaciones ilícitas en torno al comercio ilegal; a autorizar la figura de las entregas vigiladas, como técnica para la investigación de tales ilícitos; a adicionar facultades de fiscalización para las policías, y a conferir atribuciones a las municipalidades para adoptar regulaciones relativas al ejercicio del comercio callejero.
                  
En paralelo al estudio de esta iniciativa, la Comisión de Constitución recibió a la Ministra del Sernam, Laura Albornoz, quien expuso los alcances del proyecto que castiga el femicidio.

 

Según explicó el senador Gómez la instancia pidió una serie de informes, desde el punto de vista penal y constitucional, a expertos, pues se está evaluando la posibilidad de refundir algunos proyectos que abordan aspectos sobre violencia intrafamiliar, y tratar otras iniciativas en forma separada.