Justo en momentos en que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se encuentra participando en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que tiene como eje temático la “juventud y desarrollo”, el Senado acordó solicitarle que someta ante el Congreso la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
En forma unánime la Sala aprobó un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Nelson Ávila, Antonio Horvath y Alejandro Navarro, en el que se solicita que la Mandataria explicite en el encuentro la voluntad política y el interés del Estado de Chile en incorporar los contenidos de este instrumento internacional en el desarrollo y la implementación de políticas públicas en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes es un tratado internacional de Derechos Humanos que fue firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad española de Badajoz, cuyo alcance de aplicación está circunscrito a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana de naciones.
El citado instrumento internacional es de carácter vinculante y establece el compromiso de los estados a implementar nacionalmente los derechos consagrados en la convención, que benefician a la población iberoamericana de entre 15 y 24 años.
SOPORTE JURÍDICO
Los autores del proyecto de acuerdo, sostienen que este instrumento “brindará soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la juventud”.
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) es el organismo internacional que ha liderado la elaboración y promoción de la Convención, así como la articulación con el conjunto de la comunidad Iberoamericana y de organismos el sistema de naciones unidas en la difusión y ratificación de la convención y es encabezada por su secretario ejecutivo, el ex director del Injuv, Eugenio Ravinet.
La OIJ está empeñada en transformar a la convención en una eficiente herramienta de acción, gestión y política que asegure el goce de sus derechos a los casi 150 millones de jóvenes de la región, lo que supone el desafío de establecer los mecanismos de implementación y de protección de la convención.
Cabe recordar que el 2 de mayo pasado, Bolivia se convirtió en el séptimo país en ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
mientras que en Perú ya fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores y una vez debatida y votada en el pleno del Congreso podría convertirse en el octavo país iberoamericano en ratificarla.
Los senadores estiman que la próxima Cumbre de Jefes de Estado, es el marco adecuado para ratificar este instrumento, toda vez que el eje temático del encuentro será “Juventud y Desarrollo”.
