Haciendo énfasis en que los costos de las conexiones al agua potable y al alcantarillado de las viviendas sociales no serán traspasados al resto de los clientes y usuarios de las sanitarias, la Sala del Senado despachó en forma unánime, el proyecto que otorga este beneficio para las viviendas que reciban un subsidio del Estado total o parcial de hasta 750 unidades de fomento, es decir, unos $15.750.000.

De este modo, la iniciativa que tuvo su origen en una moción de diputados quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara Baja.

Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Naranjo, Roberto Muñoz Barra, Jaime Orpis, José García, Juan Pablo Letelier, además de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete.

El senador Naranjo, en su calidad de presidente de la Comisión de Vivienda entregó una detallada cuenta del proyecto y señaló que “tiene por objeto modificar la Ley General de Servicios Sanitarios, para eximir de los aportes financieros reembolsables -que son exigidos por las empresas sanitarias para otorgar la factibilidad de agua potable y alcantarillado-, a las viviendas sociales que se financien, en todo o en parte, con subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

Cabe señalar que “las familias que optan a estos subsidios deben ahorrar un monto para adquirir su vivienda y además solventar los gastos por conceptos de “aportes” que son exigidos por las empresas para otorgarles la factibilidad de servicios cancelando, muchas veces, un precio mayor por este ítem que por el propio inmueble”.

Además de establecer esta exención el proyecto “simplifica el procedimiento para la ampliación de territorios operacionales, ya que la rigidez de los requisitos y la amplitud de los plazos, en muchos casos desincentiva la construcción de proyectos de viviendas sociales”.

Por su parte, el senador Roberto Muñoz Barra valoró esta iniciativa porque las sanitarias cobran en promedio 7 UF, es decir 147 mil pesos, por vivienda, por concepto de este fondo reembolsable, los cuales tienen que salir del subsidio que se les entrega a estas familias.

Asimismo dejó constancia de una serie de inquietudes en el sentido de incluir “a las viviendas sociales entre 400 y 520 UF que poseen subsidios de autoconstrucción y que cuenten con permisos de construcción municipal para beneficiar a sectores que si bien no están en el límite de la pobreza tienen legítima necesidad de mejorar su calidad de vida”.

Por otro lado, expresó su preocupación porque “muchos de los planes reguladores de las ciudades no están actualizados y es muy probable que se dejen fuera a muchas ciudades que no tienen este instrumento de planificación”.

Al respecto, el senador Jaime Orpis explicó que “la norma general es que cuando se realizan proyectos habitacionales respecto del tema de las concesionarias opera el sistema de los aportes reembolsables, sin embargo, este proyecto establece una excepción para promover que este tipo de aportes no se apliquen a viviendas sociales de hasta 750 UF, pero no se trata de financiar una vivienda aislada”.

Por otro lado, aclaró que “una cosa son las áreas urbanas dentro de las cuales excede el territorio operacional de una concesionaria; por lo que el proyecto exime de estos aportes a las áreas que se encuentran en la zona de extensión urbana”.

En tanto, el senador José García si bien compartió la intención del proyecto llamó la atención sobre “quienes van a pagar el costo que signifique esta exención porque no lo harán las empresas con cargo a sus ingresos o rentabilidades sino los propios clientes y usuarios, con lo cual aumentarán las tarifas de agua potable y alcantarillado”.

En ese sentido, consultó al Ejecutivo “si no sería mejor pensar derechamente que al subsidio habitacional para viviendas I y II se agregue un monto de 8 ó 10 UF para cancelar los aportes reembolsables y no tener que incurrir en el alza de tarifas sanitarias”.

A su vez, el senador Juan Pablo Letelier sostuvo que “este proyecto apunta a eximir de un mecanismo engorroso a aquellos urbanizadores de viviendas sociales, porque el trámite para pedir una factibilidad de servicios sanitarios podía convertirse en parte del negocio de la inmobiliaria para fines especulativos y no para construir”.

Por eso, se fijó “el instrumento de aportes reembolsables para garantizar que quienes quieran hacer este trámite hagan un aporte para asegurar que los terrenos que están fuera del área operacional de la empresa sanitaria tengan que ser construidos”.

Finalmente, la ministra de Vivienda, Patricia Poblete respondió las inquietudes de los senadores y recalcó que “esta iniciativa regirá solo en áreas urbanas y de extensión urbanas. porque en lugares rurales operan los sistemas de Agua Potable Rural (APR)”.

Respecto a quien financiará los costos de las conexiones a los servicios sanitarios, aclaró que “muchas veces los aportes reembolsables nunca vuelven a los vecinos sino que a las empresas constructoras, sin embargo, con este proyecto lo que estamos haciendo es que las sanitarias realizan el primer aporte a este desarrollo porque luego los propios vecinos y sus consumos son los que pagarán los costos y generarán las utilidades para las empresas”.