Con el propósito de buscar una solución definitiva para los cerca de 50 mil docentes a los cuales el Estado les adeuda el pago de las asignaciones establecidas en el Decreto Ley 3.551, de 1981, el Senado acordó solicitarle a la Presidenta de la República que disponga un estudio que permita encontrar medidas concretas para el pago oportuno de esa deuda.

 

En forma unánime los legisladores presentes en Sala aprobaron el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Nelson Ávila, Juan Antonio Coloma, José García, José Antonio Gómez, Carlos Kuschel, Pablo Longueira, Roberto Muñoz Barra, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Jorge Pizarro y Guillermo Vásquez.

 

En lo fundamental, el texto solicita a la Mandataria que “disponga un estudio destinado a proponer medidas concretas que den solución definitiva, en las condiciones y plazos que los recursos fiscales lo permitan, a la deuda adquirida por el Estado de Chile con los profesores, originada por el no pago oportuno por parte de los municipios de la asignación establecida en el Decreto Ley 3.551 de 1981”.

 

Cabe recordar que dicho cuerpo legal dispuso un régimen de remuneraciones para el sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.

 

Dicha asignación correspondía al 90% de sus remuneraciones para el caso de los titulados y de un 50% para los no titulados.

 

PAGOS DIFERIDOS

 

No obstante, para hacer efectivo el pago de este beneficio se fijó un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, a pesar que se fijó el mes de enero de 1998 como último plazo para el pago de este derecho.

 

Según explican los autores de la iniciativa, “en razón de su pago diferido, los profesores traspasados en 1981 y 1982, de un 90% que le correspondía recibir, recibieron solamente entre un 9% a un 22,5% de su sueldo base, mientras que los traspasados el año 1986 recibieron un 67,5% de su sueldo base. Las cuotas correspondientes a diciembre de 1986 y 1987 y enero de 1988 no fueron pagadas a los profesionales”.

 

Los parlamentarios advierten que el no pago de esta asignación especial ha llevado a los docentes a interponer demandas en contra de los municipios con resultados diversos. En algunos casos perdiendo dichas acciones y en otros obteniendo sentencias favorables, como es el caso de las comunas de Vallenar y Chañaral, en donde los municipios debieron pagar 700 y 350 millones de pesos respectivamente.

 

Además, el Colegio de Profesores ha interpuesto dos demandas en contra del Estado, en representación de más de 50 mil docentes de todo Chile afectados por el no pago de esta asignación especial.

 

El Senado en tres oportunidades (5 de abril de 2000, 9 de noviembre de 2004 y 2 de mayo de 2006) ha acordado solicitar a la Presidencia de la República el estudio y proposición de una solución definitiva, dentro de las posibilidades del erario nacional, que permitiera poner término a la deuda que el estado de Chile adquirió con sus profesores por el no pago oportuno por parte de los municipios del país de la asignación, manifestando además su disposición de apoyo a la fórmula que se acordara en tanto ella requiera aprobación legislativa.

 

No obstante, sostienen los legisladores “a pesar de la voluntad de la unanimidad de todos los senadores de dar una pronta solución a este problema, el Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha manifestado su negativa a ella manifestando que la asignación especial contenida en el artículo 40 del DL 3.551 no corresponde al personal docente traspasado a la administración municipal o simplemente que este tema no está en la agenda presidencial”.